Enrique Domínguez. Economista.
En los años álgidos de la última burbuja inmobiliaria se podía leer en diferentes medios escritos, escuchar en la radio o en la televisión algo parecido a esto: “jóvenes estudiantes abandonan sus estudios para trabajar en la construcción ante la facilidad en conseguir un dinero fácil y que parece que va para largo ya que las viviendas se venden incluso sobre plano”. Luego vino la crisis.
A día de hoy, cuando hace bastantes trimestres que hemos salido de la recesión, cuando el ritmo de crecimiento del PIB está, según muchos expertos, consolidado y es uno de los mayores de la Unión Europea, y cuando muchos opinan que esta crisis ya ha pasado, todavía podemos leer o escuchar en esos medios escritos o hablados, algo así: “jóvenes que se están formando constatan que sus estudios no se ajustan a las necesidades de las demandas de empleo o que están excesivamente formados para los puestos que se ofrecen” o “jóvenes formados tienen que buscar trabajo fuera de las fronteras españolas”.
Esto ocurre con los jóvenes, pero ¿qué pasa con los jubilados, con los pensionistas y la garantía para seguir percibiendo la pensión, con los trabajadores afiliados en alta laboral a la Seguridad Social que son en el sistema español la garantía de las futuras percepciones?
Como es bien sabido, el sistema español basa la percepción de las pensiones en los ingresos procedentes de las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social. Por eso, cuando analizamos la evolución de los afiliados y de los perceptores de pensiones en los últimos años comienzan las preocupaciones. Y si, además, constatamos que la hucha creada en tiempos de bonanza va a quedar a cero con la próxima paga extra de junio y que el sistema es deficitario, aún nos preocupamos más.
Si comparamos la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social y la media anual del número de pensiones contributivas desde 2007 (último año de bonanza económica o primero de la crisis, como se quiera) hasta abril de 2017 en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana (CV) y en España, se constata que con la crisis se reduce el número de trabajadores afiliados en alta laboral y, en cambio, el número de pensiones y de pensionistas se incrementa porque el que una persona pase a ser pensionista depende fundamentalmente de la edad y no de la coyuntura económica. Hay que indicar que entre esas dos fechas el número de pensiones es un 10% superior al de pensionistas ya que una parte de estos cobra más de una pensión.
También se constata que la relación entre los afiliados y las pensiones va descendiendo en las tres áreas hasta 2013 e inicia una ligera recuperación a partir de 2014 conforme mejora la actividad económica. Pero hay que significar que en la provincia de Castellón el número de afiliados por pensión es más bajo en todo el intervalo que en CV y en España: mientras en 2007 ese número era de 2,32 en Castellón, 2,39 en CV y 2,31 en España, en abril de 2017 eran 1,71, 1,84 y 1,92, respectivamente.
Si a ese escaso número de afiliados por pensión unimos que una parte muy relevante de los trabajadores afiliados en alta laboral tiene contratos de trabajo temporales o a tiempo parcial y que se incrementa el número de trabajadores que necesitan más de un empleo para vivir, comprobaremos que su aportación al sistema será más reducida.
Y si las personas que se jubilan se sitúan preferentemente en el nivel medio-alto del importe de las pensiones, resulta que tenemos un problema desde ya para asegurar el cobro de las actuales pensiones y para saber si los jóvenes de hoy podrán cobrar su pensión. ¿Qué opinan ustedes?
