Santiago Beltrán. Abogado.
Cuando el director de cine alemán Florian Henckel von Donnersmarck escribió en el año 2006 el guión de su extraordinaria y universalmente reconocida película ‘La vida de los otros’, en la que narraba la historia de un competente y solitario oficial del servicio de inteligencia y espionaje de la Stasi, otrora todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA, seguramente no imaginaba que en ese mismo instante otro servicio secreto de un país, en teoría, diametralmente opuesto, ideológicamente hablando, al alemán oriental, estaba espiando ilegalmente a la jefe de gobierno de su propio país, Angela Merkel. Quizás, de haberlo sabido, su premiado thriller con un Óscar a la mejor película extranjera de ese mismo año, hubiera tenido un contenido distinto o se hubiera nutrido de nuevos matices, mucho más representativos de un mal que afecta por igual a dictaduras que a supuestas y sobrevaloradas democracias. Posiblemente, el capitán Gerd Wiesler de la película, se llame Smith o Wallace en EEUU, pertenezca a la CIA o a la NSA y sin permiso de los espiados se dedique, desde toda su vida, a escrudiñar las interioridades de cualquier politico o personaje público con trascendencia social.
Ahora sabemos a través del injustamente denostado Edward Snowden, ex agente de la CIA y ex responsable de administrar la seguridad de la red informática en Europa de la primera potencia del orbe y referencia como país avanzado y democrático, que los EEUU han creado un sistema indiscriminado de vigilancia electrónica de alto secreto denominado PRISM, puesto a disposición de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) desde 2007, a través del que se ha urgado libremente y sin ningún escrúpulo en las vidas privadas y públicas de al menos 35 líderes mundiales, la mayoría de ellos pertenecientes a países de los llamados aliados de la nación norteamericana. Snowden sabe que su país ha intervenido las llamadas telefónicas de ciudadanos extranjeros e incluso de nacionales que han tenido contacto con los espiados en ese momento, sin mayor justificación que su poder de influencia política y social en general, y que en ese espionaje se han incluido correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales. Es decir, que la NSA ha podido conocer con absoluto detalle las interioridades e intimidades más recónditas de las personas intervenidas, sin diferenciar la vida pública de la esfera privada.
En España, desde que el incombustible Rubalcaba puso en funcionamiento en 2007, el sistema de intervenciones y escuchas telefónicas denominado SITEL, adquirido por el anterior gobierno popular en 2001 y gestionado, inconcebiblemente, por un compañía privada –Fujitsu España Services-, debemos dar por supuesto que se ha seguido el ejemplo ‘yanki’ y que dicho instrumento tecnológico se ha destinado a usos de vigilancia y espionaje, sin control judicial de ningún tipo. A un nivel bastante menos profesional, los políticos españoles –sobretodo los catalanes, de casi todo el espectro ideológico- han recurrido a otros medios menos sofisticados para controlar las vidas privadas de los otros, y se han gastado parte del dinero público que reciben de los presupuestos generales del Estado a través de los impuestos que pagamos entre todos, en empresas de detectives, como la popular -que incongruencia para una mercantil que debe garantizar el anonimato propio y el de sus clientes- Método-3 de Barcelona.
Obama ha admitido que el espionaje a Merkel es real y que se ha realizado sin ningún control judicial que garantizara la legitimidad de las escuchas e intervenciones efectuadas, y sin conocimiento alguno por su parte –menudo líder y menuda responsabilidad la que demuestra el presidente demócrata-. En España, ni con el gobierno socialista ni con el actual se admitirá que se vienen realizando dichas prácticas ilegales sin la preceptiva autorización de Tribunal alguno. Es más, se negara su existencia –como se ha hecho por todos los partidos afectados en el caso Método-3- hasta que aparezca un Snowden García o Martínez, que se atreva a jugarse su vida por salvar los derechos básicos que cualquier democracia debe garantizar, como son la libertad individual y colectiva de sus ciudadanos y de los grupos en los que que se integran, la intimidad de las personas, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la prohibición expresa, rotunda y inexcusable de la arbitrariedad de los poderes públicos, la separación de poderes, y el sometimiento del ejecutivo y de la administración en general –sobretodo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- al control judicial.
Las democracias occidentales están podridas y corrompidas hasta la médula, por lo que, como no hace mucho manifestó el espía arrepentido Snowden –del mismo modo que el capitán Gerd Wiesler del film alemán acabó aceptando-, los ciudadanos de estas naciones no deberíamos admitir ni soportar una sociedad que hace este tipo de cosas, y no deberíamos querer vivir en un mundo donde se registra todo lo que todos -los otros- hacen y dicen. Es algo que nadie debería admitir y menos, apoyar.
