Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
El Gobierno de Rajoy se empecina en imponer una Ley que todos rechazan. No es la primera vez, y con la excusa de la crisis van imponiendo su caudal ideológico por doquier. Lo han hecho con la Ley de Reforma Laboral, lo están haciendo con la Ley de reforma de la Educación, Ley Wert, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo…
Y ahora con la Ley de Administración Local, con la que se han enfrentado no sólo a todos los grupos de la oposición, sino también a sus propios alcaldes y obviando absolutamente el dictamen del Consejo de Estado. Han puesto la directa y pasan por encima de lo que sea. Mandan más que gobiernan.
El Consejo de Estado en su informe le dice al Gobierno que no justifica el ahorro que dice que se va a producir y que tampoco acredita que la prestación de servicios por parte de la Diputación Provincial va a realizarse con menor coste del que tiene ahora prestándose por el Ayuntamiento. Por tanto le pidió al Gobierno que revisase el texto.
En lugar de repensar el texto y además hacerlo conjuntamente con el mundo local para lograr soluciones ajustadas a la Constitución y a la realidad, el Gobierno de Rajoy, del PP ha decidido seguir adelante en un proyecto que no soluciona nada, pero que hace mucho daño. Ya lo he denunciado en alguna otra ocasión.
Es una ley que no clarifica competencias; no evita duplicidades; no simplifica la estructura de la administración local y sobre todo, no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos.
Lo que hace es despojar de competencias al 95% de los ayuntamientos de nuestro país, los de menos de 20000 habitantes y, claramente abre la puerta a la privatización de los servicios públicos.
Una Ley regresiva se mire por donde se mire, que hace daño a la ciudadanía, que es la que va a perder con esta ley, porque tendrá servicios más caros y menos eficientes, y sobre todo más alejados de su entorno vital. Es una ley que hace daño a la autonomía local, recogida en nuestra Constitución y es una ley que hace daño a la vida democrática municipal porque quita a los alcaldes y concejales, elegid@s por l@s ciudadan@s, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de la Diputación, donde está la única representación indirecta de la ciudadanía.
A lo único que responde esta Ley es a la voluntad del PP de alejar los focos de decisión política (decisiones que afectan al día a día de las personas) de la ciudadanía. Y si ya tiene delito esta orientación de la ley, más delito tiene si las decisiones tienen una vertiente social, en la que la proximidad era una garantía.
Desde el PSOE pedimos al gobierno que retire este proyecto de Ley, porque ni sirve para dar ninguna solución ni sirve para responder a los retos de futuro que se plantean a la administración local.
