Toni Ferrándiz. Miembro de la junta directiva provincial de Ciudadanos.
Los ciudadanos no pueden ser los perjudicados ante un proyecto o actividad, bien alentada por la propia Administración o por cualquier multinacional, que ponga en peligro su integridad física, la de sus bienes, o su salud y, no menos importante, que pueda afectar negativamente al medio ambiente. Los ciudadanos somos los primeros destinatarios de toda acción política tendente a procurar prosperidad y bienestar y, en todo caso, quienes deberán situarse siempre por detrás, serán aquellos con intereses económico-comerciales, leáse las empresas o grandes multinacionales.
Por desgracia, estamos siendo testigos de que, en nuestra sociedad, ese interés primario por el ciudadano en muchas ocasiones queda relegado a los intereses económicos de grandes empresas o lobbys. Pero es que al Estado, ¿no le interesa el bienestar y la seguridad de la ciudadanía? ¿Por qué cuando se tiene el poder de decidir y facilitar el bien común de las personas se opta tantas y tantas veces por otros intereses?
En nuestra provincia se han levantado muchas voces de ciudadanos en contra del Proyecto Castor y de la técnica del ‘fracking’, y con razón. Uno de los deberes de cualquier poder público es velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y no se puede continuar alentando una técnica para el almacenamiento de gas y posterior extracción, cuando se ha demostrado que ésta ha sido la causante de cientos de seísmos en las provincias de Castellón y Tarragona, aunque estos "por el momento", hayan sido de baja intensidad, uno de ellos de 4'2 grados en la escala de Richter.
Ha existido, no voy a decir dejación de la Administración al aprobar la Declaración de impacto ambiental que se realizó para el Proyecto Castor, ya que en su momento no era obligatorio incluir en la misma los posibles riesgos sísmicos, pero sí una cierta temeridad por su parte, al no requerir en esa Declaración para que se incluyera un apartado sobre "todos" los riesgos que pudieran ser consecuencia de los trabajos para el almacenamiento del gas.
Como no podía ser de otra manera, soy partidario del progreso, aunque no a cualquier precio, y de la utilización racional de los recursos naturales, pero siempre existiendo una previsión de equilibrio entre medio ambiente y desarrollo económico. El propio Tribunal Constitucional en su sentencia 64/198 de 4 de noviembre, sintetiza ese equilibrio al manifestar que: “El art. 45 de la Constitución Española recoge la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en amplios sectores de opinión que se ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud, no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa sino que se ha de armonizar <la utilización racional> de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de vida...”.
