David de Miguel. Diputado autonómico de Ciudadanos por la provincia de Castellón.
El pasado lunes se publicaron los datos de desempleo muy positivos, por cierto, para nuestra provincia. Y como viene siendo habitual, no han tardado en salir los dirigentes de PP y PSOE, pegándose codazos por atribuirse el mérito de esta mejora en el empleo.
Craso error. No nos cansaremos de repetirlo, el empleo lo generan las empresas, la riqueza la crean empresas y autónomos que arriesgan su capital para emprender y ampliar negocios, pero las Administraciones no crean empleo, ni deben crearlo además. Su función y su obligación es crear las condiciones más favorables para que las empresas, estas sí, generen riqueza y puestos de trabajo.
La obligación de los gobiernos y de las Administraciones es crear un marco de estabilidad y seguridad jurídica que haga que las empresas y los inversores puedan establecerse e invertir en nuestra comunidad con total confianza y garantía de que el capital invertido va a generar los frutos esperados, no sólo económicos, sino también sociales.
Sin embargo, las Administraciones Públicas, en nuestro país y, concretamente en la Comunidad Valenciana, son entes sobredimensionados, excesivamente burocratizados y con una escasa, por no decir nula, eficiencia en su forma de actuar. Y el problema es que estas ineficiencias en la actuación de la Administración Pública, suponen un freno y un obstáculo al desarrollo económico y la iniciativa privada.
El pasado jueves, el President Puig se vanagloriaba en Las Cortes de que su Consell había traído estabilidad y seguridad jurídica a la economía valenciana, tal cual. Obviando totalmente el caos en el que la Conselleria de Economía ha convertido por ejemplo el tema de los horarios comerciales, demostrando no sólo una falta de diálogo con los agentes implicados, grandes empresas, pequeño comercio y ayuntamientos, sino también desoyendo los informes de la Abogacía de la Generalitat y las indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Curiosa la forma de dotar de seguridad jurídica a los sectores la que se gasta el Consell.
Y como he mencionado al principio, ese afán por atribuirse los méritos que tienen nuestros dirigentes políticos, les impide ver la realidad del problema que supone para la creación de empleo, el sectarismo, la inseguridad jurídica y la imposición ideológica en la política económica.
La inseguridad jurídica no sólo ahuyenta a los inversores, sino que además precariza el empleo, ya que las empresas no pueden arriesgarse a incrementar sus plantillas, si no tienen la certeza de que las reglas de juego no se van a cambiar por parte del Gobierno de turno.
Y si bien es cierto que los datos de ocupación son positivos, no debemos olvidar que el empleo que se está creando es abrumadoramente temporal y de escasa calidad, fruto de la incertidumbre que envuelve a la economía, de la situación de interinidad del Gobierno de la nación y de la pésima gestión en materia económica del Consell.
Esperemos que en el retiro espiritual que está celebrando el Consell en Torrevieja este fin de semana, se abandone la autocomplacencia habitual a la que nos tienen acostumbrados y se priorice de una vez por todas la eficiencia en la gestión de la Administración, la eliminación de trabas burocráticas y el establecimiento de un marco regulatorio estable, que impulse y ayude a consolidar el crecimiento económico que necesitan nuestras empresas y autónomos. Ese sí que sería un mérito de los políticos de nuestra comunidad, pero mucho me temo que es pedir demasiado y, como siempre, se recurrirá al titular y al discurso fácil.
