Domingo Vicent. Portavoz de Ciutadans en el Ayuntamiento de Vila-real.
Esta semana hemos conocido que una auditoría al Hospital Provincial de Castellón revelaba irregularidades. En la información que ha aparecido en los medios de comunicación se informaba de que se habían realizado contrataciones de personal sin la pertinente autorización de la Conselleria de Sanitat, se había calculado erróneamente la indemnización por despido del anterior gerente, se habían pagado retribuciones al personal sin estar correctamente contabilizados como gasto en la contabilidad financiera, se incumplían los pliegos de condiciones en la concesión del servicio de cafetería, se fraccionaron servicios, algunas compras se realizaron sin seguir el procedimiento adecuado en relación al importe de la operación o los importes anuales de los proveedores, y en el 77,68% de los casos las facturas no se pagaban a su vencimiento, es decir, incumpliendo la obligación de la administración de pagar a sus proveedores a los 30 días.
Todos estos hechos han obligado a la empresa encargada de realizar la auditoría, a emitir su informe con salvedades en la parte relativa a la regularidad contable, a destacar deficiencias e incumplimientos en la parte que analiza el cumplimiento de la legalidad, y a poner en evidencia la ausencia de manuales de procedimiento actualizados.
Por otro lado, nos hemos encontrado en que los fondos propios resultan negativos por un importe de 30.153 miles de euros, y que el Pasivo Corriente supera al Activo Corriente en 17.154 miles de euros. Esto quiere decir que el Hospital Provincial tendrá dificultades para pagar a sus proveedores a corto plazo. Como dice el mismo informe “incertidumbre significativa sobre la capacidad de la entidad para mantener sus obligaciones”. Y es que su continuidad solo puede estar garantizada por el apoyo presupuestario de la Generalitat. Nos encontramos pues, con un hospital que necesita de respiración asistida gracias a la mala gestión sufrida a lo largo de los años.
Sin entrar en valoraciones sobre aspectos legales, lo que pone de manifiesto esta situación, es que lo que se nos ha tratado de vender en las dos campañas electorales anteriores, la buena gestión del Partido Popular, el valor añadido que representa la experiencia de sus gobernantes, no es cierta, al menos en este caso. Buenos y malos gestores hay en todas las empresas, en todas las administraciones, independientemente de su relación con la propiedad o de su color político. En el sector privado una mala gestión, un informe de auditoría de estas características, tendría consecuencias directas sobre los responsables. En el sector público, y cuando lo que se tiene en manos es la salud y el bienestar de los ciudadanos, la exigencia debe ser máxima, no podemos permitir que una gestión irresponsable ponga en peligro la viabilidad de algo que es de todos.
