Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.
La Conselleria de Educación se está jugando a las cartas la educación de nuestros menores y esta semana ha empezado la partida con el as de bastos para golpear la excelencia educativa. Ha ideado acabar con las evaluaciones de calidad educativa instaurada por el antiguo Gobierno porque dicen que no entienden qué implica ofrecer calidad educativa.
Obviamente, desde un prisma sectario la calidad no se entiende igual, sobre todo si la calidad debe ir acompañada de la inmersión lingüística a la catalana. Por eso han decidido dar carpetazo y finiquitar la Red de Centros de Calidad Educativa que estaba funcionando desde el 2005 por no compartir la idea de establecer rankings de calidad educativa.
Parece que la partida a la que están jugando se llama prohibir e imponer, porque aquí manda mi ideología. Y ahora toca jugar a un modelo denominado Centros de referencias de buenas prácticas educativas. Tengo que reconocer que el señor Fullana, compañero de partida del señor Marzà, nos está poniendo fácil la oposición por las ocurrencias que tiene cada día, ocurrencias que aboca a su partido a un extremismo ideológico.
Este nuevo modelo de referencia de buenas prácticas educativas, me parece atractivo en su nombre, pero es un despropósito en su finalidad. Cuando he leído su mapa de indicadores me he quedado perpleja, porque desea evaluar las buenas prácticas con criterios aleatorios y subjetivos. Una evaluación subjetiva basada en ideología si tomamos por criterio apostar por una “educación plurilingüe e intercultural” bajo el paraguas del decreto chantajista de Conselleria, donde se premiarán aquellos centros educativos que ofrezcan un nivel avanzado de plurilingüismo y una vez más, ese criterio será una medida más de presión para conseguir la inmersión lingüística a la catalana.
Por otro lado, me parecen criterios aleatorios óptimos aquellos que fomenten la calidad educativa y en consecuencia, en los que se haya destinado partida presupuestaria para su buen funcionamiento, pero me parecen criterios aleatorios desleales aquellos que el Gobierno solicita que se cumplan pero no ofrece recursos para ello. En este caso, proponer como indicador de buena práctica ofrecer una ‘educación inclusiva’ es lo óptimo, pero hay que recordar que el propio Gobierno no está destinando un presupuesto adecuado para que hayan más aulas de Comunicación y Lenguaje, no ofrecen más recursos humanos y materiales a las Necesidades Educativas Especiales, entre otros aspectos de inclusividad, y tiene que ser Ciudadanos quien se lo recuerde todos los años.
Lo mismo sucede con “educación por la igualdad y convivencia” donde no se ha invertido mayor presupuesto para reducir el acoso escolar, y el plan PREVI sigue siendo deficiente en recursos humanos, las denuncias se acumulan y hay poco personal. De la misma manera, el indicador de ‘educación por la salud’ no se toma en serio cuando se delega la responsabilidad sanitara a los docentes, otorgándoles competencias que no les corresponden y no incorporan en todos los centros educativos la figura del enfermero/a escolar para velar por un sistema educativo saludable.
Todas estas prácticas son las óptimas que se deberían ofrecer en educación sino estuvieran bajo un prisma ideológico abocado al sectarismo y el Gobierno se comprometiera en presupuesto para hacerlas viables. Así que tomen nota, si desean estas buenas prácticas primero se lo debe cree el Gobierno y en consecuencia invertir para que estas sean posibles. Mientras tanto mucho populismo y poca realidad.