Toni Ferrándiz. Miembro de la junta directiva provincial de Ciudadanos.
El Congreso de los Diputados, con los votos a favor de PP, PSOE y CIU, ha aprobado la Ley General de Telecomunicaciones. Una Ley que no comienza con buen pie puesto que, con la excusa de la utilidad pública, permite a las compañías de telefonía móvil expropiar de forma forzosa la propiedad privada de manera que podrán instalar sus antenas de telefonía en las azoteas y tejados de los edificios que estimen necesario pese a la posible oposición de los propietarios. Esta forma de actuar me recuerda a la de un personaje ya fallecido cuya palabra más repetida era “exprópiese”. Aquel expropiaba de palabra y estos lo hacen en forma de Ley, así que la única diferencia es el procedimiento: uno verbal y otro escrito.
Si la injerencia y anulación de la propiedad privada es una actuación lamentable, más lo es todavía la desconsideración por la vida y la salud de la ciudadanía. Aunque la Organización Mundial de la Salud, revela que estas antenas son inofensivas para la salud humana puesto que no existen pruebas que revelen efectos perjudiciales de las radiaciones emitidas, también existen numerosos estudios científicos que advierten de todo lo contrario, incluso el propio Tribunal Supremo reconoce que las radiaciones electromagnéticas emitidas por estas antenas pueden afectar negativamente a la salud. También existen numerosos casos que demuestran que la existencia cercana de antenas de telefonía deriva en la aparición y relación causa-efecto de enfermedades como el cáncer, leucemia, jaquecas, vértigos, insomnio, fatiga crónica...
¿Pero qué tenemos que hacer los ciudadanos para que nos tengan en cuenta? para que se respeten nuestros derechos, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad privada, a un medio ambiente adecuado, a la propiedad pública, pues la propiedad pública es de todos nosotros y no de las empresas de telefonía móvil como reconoce esta Ley mediante la cual la Administración del Estado se supedita a ellas defendiéntolas siempre ante cualquier negativa por parte de la población para la instalación en su propiedad de esas antenas de telefonía.
Como sucede en muchas ocasiones, los políticos no menosprecian al hacer prevalecer en sus decisiones los intereses económicos de las grandes empresas u oligopolios como el de la telefonía, a los intereses de aquellos a los que tienen el deber de defender en el ejercicio de sus derechos. Decisiones como la tomada en esta Ley por los diputados y diputadas de los tres partidos mencionados, sólo se explica en la necesidad que tienen muchos de estos políticos en continuar manteniendo las puertas giratorias para recalar en los Consejos de Administración de grandes empresas una vez ya han prestado sus servicios en primera linea de sus partidos.
Con actuaciones como ésta, el descrédito de la clase política sigue subiendo y partidos políticos como los que han aprobado esta Ley posiblemente continuarán pagando la desafección de la ciudadanía, como ya se ha visto en las recientes elecciones europeas.
