José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Una diferencia visible que cualquier español de a pie puede percibir entre el sistema político de Venezuela y el nuestro es que aquí los jueces emiten veredictos que razonan, gusten o no y que lo hacen a su buen saber y entender, de acuerdo a las leyes y no siguen el dictado del poder ejecutivo, ah y que siempre son recurribles.
Grave error el del señor Catalá al inmiscuirse desde su posición en el ejecutivo en las decisiones judiciales. Vamos a ver, si lo hubiera hecho el Partido Popular o alguno de sus dirigentes en una comparecencia en la Calle Génova de Madrid, conocida por encontrarse la sede de los populares, estaría perfecto, sin problema alguno, en tanto que representantes de un número importante de ciudadanos.
Ahora bien dar órdenes a los jueces o criticarlos desde uno de los pilares del sistema no es de recibo. Si el gran contra poder del ejecutivo es el poder judicial, ese que está haciendo que el independentismo catalán no campe por sus anchas y deba atenerse a las normas que todos en su día aprobamos, ese que tira de las orejas a los políticos valencianos pan catalanistas y les recuerda que estamos en la Comunidad Valenciana y no en els Països Catalans,que les tira atrás leyes manifestando que el derecho de los padres en la elección de la lengua vehicular en la que educar a sus hijos no puede ser fagocitada ni por el señor Marzá ni por los Consejos Escolares de los Colegios, también hemos de asumir que en una primera instancia haya sentencias que sean pésimas.
No nos equivoquemos, si no somos capaces de poner en segundo plano una mala sentencia, que se va a recurrir y que al final el Tribual Supremo dictaminará con discernimiento, criterio y aplicando las leyes en nuestro entorno social, de la independencia necesaria e imprescindible que han de tener jueces y magistrados, vamos mal.
Es cierto que si uno lee la sentencia, larga y muy razonada encuentra planteamientos con lo que no comulga y ese ha sido mi caso, pues a fuer de que se me tache de simple , entiendo que el razonamiento que quiere diferenciar a efectos de graduar la pena entre la situación en la que una mujer pelea e intenta defenderse y otra en la que la agredida adopta una actitud pasiva con el ánimo de que finalice la violación cuanto antes y que la dejen en paz, no me sirve en absoluto.
Conceptualmente es discriminatorio desde su origen un pronunciamiento que a quien juzga es a la agredida no al agresor, pues gradúa la pena que va a imponer al agresor en función del comportamiento más o menos defensivo externamente de la mujer.
Me resulta complicado entender la dificultad de algunos en aceptar un mensaje sencillo, rotundo: no es no; fíjense lectores de Castellón Información, más aún, no es no en cualquier momento, en cualquier situación, por cualquier motivo aun habiendo aceptado implícita o explícitamente con anterioridad la situación. Jamás nadie puede doblegar la voluntad ni el sentir de otro ser humano.
Esta creencia, más allá de un sentimiento puntual es una llamada a la igualdad real y efectiva en cualquier ámbito de la sociedad; por cierto al imperio de la ley estamos todos sometidos, incluso los jueces, que pueden ser investigados como cualquiera de nosotros.
