José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
A punto de finalizar la campaña electoral en nuestra querida Comunitat ha destacado con luz propia desde la coalición Podemos-Compromís el actual conseller de Educación Vicent Marzá que continúa con su hoja de ruta, perfectamente trazada desde su nombramiento, aprovechando este tiempo convulso y confuso para lanzar noticias como la de ir al Tribunal Supremo para anular la evaluación al finalizar la Primaria, so pretexto que solo servirá para gastar dinero y no para la mejora del sistema educativo.
Idéntico argumento utilizó su secretario Autonómico, socialista de pro, añadiendo que este tipo de evaluaciones pertenecen a tiempos pasados y grises.
Se transmite por activa y por pasiva que esta época es la de diálogo, de dejar hablar a la gente, eso sí, sin escucharle, salvo error tipográfico.
El disparate de diecisiete autonomías en las que se legisla en educación como mejor le convenga al último que llega que sin atender a conocimiento, experiencia, resultados o solidez de los proyectos cuya única bandera que todo lo puede, el ser progresista y moderno.
Reclamar al gobierno estatal de turno mayor autonomía en la decisión de los contenidos educativos es moneda corriente, que la LOMCE limita, siendo éste uno de los motivos por los que se la quiere derogar.
Las pruebas diagnósticas ponen en solfa a todos los agentes del sistema educativo, padres, profesores, alumnos, titulares privados, administración pública y políticos gobernantes. Negarse a ellas, con los factores correctores en función de ubicación, alumnado, etc. es actuar una vez más como el avestruz, ya saben, esconder la cabeza y enseñar...
El Ministerio de Educación ha difundido el borrador del libro blanco de la función docente, en donde de un modo claro, nada complicado , eso sí con rigor y profundidad nos viene a decir que estamos obsoletos, que no podemos mantener la estructura docente de los años cincuenta , que los docentes y los centros han de ser abiertos, que los directores han de formar parte, al igual que ocurre en la actualidad con los inspectores de educación, de un cuerpo diferenciado que les permita gestionar desde la autonomía el centro sin cortapisas y con autoridad.
Nos dice también que reciclarse y formarse continuamente, no es una opción voluntaria de los docentes, sino que al igual que en el resto de profesiones, es una tarea obligatoria, necesaria e imprescindible, pues de lo contrario se quedan obsoletos y que no vale el ampararse en una oposición que un día lejano se aprobó y que garantiza un puesto de trabajo de por vida, con la férrea protección de los omnipresentes sindicatos.
Resultaría esperanzador escuchar desde la Consellería propuestas que contemplaran estos cambios con alternativas a las pruebas diagnósticas, a la evaluación de los centros, propuestas que mejoraran la gestión, la optimización de recursos y la incentivación económica por resultados obtenidos y que el puesto de trabajo no lo tiene que ser de por vida, que para mantenerlo hay que cumplir, como cualquier hijo de vecino unos mínimos.
Esos si serían planteamientos progresistas, todo lo demás brindis pseudomarxistas al sol.
