Federico Félix. Presidente de la Fundación Pro AVE. Vicepresidente de FERRMED.
Al inicio de la pasada legislatura la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a una pronta ejecución del Corredor Mediterráneo, considerado un proyecto prioritario tanto en Bruselas como en Madrid.
Las dificultades presupuestarias del gobierno de España y la necesidad de cumplir con los compromisos con Europa de reducción del déficit público hicieron necesario posponer su plena ejecución, es decir la doble plataforma. En sustitución de ella, y de forma provisional, se aceptó la implantación del tercer carril, que permitiría un pronto acceso de nuestras mercancías al mercado europeo en ancho ferroviario internacional.
La ministra prometió que Valencia estaría conectada en ancho internacional en la primera mitad del 2017. A día de hoy el tercer carril está lejos de haberse instalado y los tradicionales problemas de estrangulamiento de la provincia de Tarragona, siguen sin resolverse. El nuevo ministro, Íñigo de la Serna, prometió, el pasado mes de febrero en la Asamblea General de AVE, y ante los medios de comunicación, que en 2019 el acceso en ancho internacional a Europa sería un hecho desde Murcia, con el resto del trazado hasta Algeciras en construcción. Pero el presidente del gobierno ha vuelto a sembrar dudas al hablar de 2020 o 2021.
Después de la burla sufrida durante la primera legislatura del PP, un nuevo incumplimiento del gobierno de España no sólo significaría un revés inaceptable para los territorios de la cuenca mediterránea, sino un serio atentado a los intereses de la España exportadora.
Un desprecio de este calibre y un atentado a la economía española de esta naturaleza, no sólo sería un acto de irresponsabilidad política de trascendental importancia, sino que podría generar reacciones imprevisibles. El ninguneo sufrido hasta ahora y las excusas de mal pagador ya no tienen cabida. Aunque sea una alternativa provisional a la doble plataforma, el acceso ferroviario en ancho internacional mediante el tercer carril al mercado europeo debe estar en funcionamiento a más tardar en 2019. Pero también la doble plataforma debe empezar a construirse desde ya para poder ser una realidad funcional en 2025. Otra cosa sería inaceptable.
Para los valencianos esto es una cuestión de dignidad y de supervivencia, que tanto los ciudadanos como la sociedad civil y nuestros representantes políticos debemos tener muy en cuenta. Especialmente porque resulta injustificable desde todos los puntos de vista. Los argumentos que sustentan esta demanda tienen demasiado peso para que a se ponga en cuestión su prioridad absoluta en la agenda pública del gobierno de España. Entre ellos destacan los siguientes cuatro:
1-No ejecutar rápidamente el proyecto va contra los intereses nacionales al estrangular a los territorios con mayor proyección exportadora.
2-Para la Comunidad Valenciana, así como otras áreas del Arco Mediterráneo, el retraso reduce la competitividad de actividades fundamentales y compromete seriamente el desarrollo y bienestar futuros.
3-A este desprecio se une la reciente discriminación, una vez más, en las inversiones del estado y el ministerio de Fomento, que han venido a representar el 5,04% y el 5,48% respectivamente del conjunto nacional, cuando nuestra población supone más del 10%.
4-Y, por si fuera poco, porque afecta al futuro de una región que ha sufrido una muy deficiente y discriminatoria financiación autonómica, con el consiguiente agravio comparativo y la repercusión en el bienestar de sus ciudadanos.
Por todas las razones expuestas, un nuevo retraso en un proyecto trascendental para nuestro futuro resultaría inaceptable y justificaría reacciones sociales y políticas de alcance imprevisible, pero sin duda desestabilizador en un momento histórico complicado para nuestro país. Sin olvidar que los más perjudicados por el retraso en conseguir el acceso en ancho internacional al mercado europeo son los sectores productivos y los colectivos sociales más vulnerables, como la agricultura y los agricultores, los factores más críticos, como el medio ambiente y la economía productiva de alto valor añadido y generadora de empleo, como la agroalimentación, la automoción, la cerámica, el mármol, etc.
El ministro de Fomento ha manifestado su buena disposición a resolver este problema, lo que es de agradecer. Pero debe tener muy presente la trascendencia de los problemas económicos, sociales, políticos, ambientales y éticos que este proyecto está destinado a resolver y ponerlos en valor en el gobierno de España. Si lo consigue, hará un servicio fundamental al país. Si fracasa, como su antecesora, todos perderemos, en especial los ciudadanos y el desarrollo futuro del país. Sin olvidar el creciente alejamiento respecto a las instituciones públicas nacionales de unos ciudadanos que se sienten olvidados.
