Jorge Fuentes. Embajador de España.
No pertenezco al sector de quienes creen que “Esto no tiene remedio” y sin dudarlo les anticipo que volver del revés España sería una de las mayores catástrofes que podría conocer nuestro país. Veamos cómo podemos avanzar en el nuevo ciclo que puede ser casi como un nuevo siglo.
Comenzaré por la institución monárquica. Tiene ésta suficientes credenciales como para continuar incuestionada en España. Somos un país monárquico desde siempre, con un par de interrupciones republicanas o dictatoriales de infausto recuerdo. Para bien o para mal nuestros diversos Reyes han ido marcando el curso de nuestra Historia y han dibujado el país con los rasgos que hoy posee. La Monarquía actual fue reconocida en referéndum en 1978 y carece de sentido tener que revisar la institución con la llegada de cada nueva generación o de cada monarca. Quizá sea necesario un día proceder a la reforma constitucional pero no precisamente para replantear la forma de Estado sino por otros motivos.
Lo que sí resultará indispensable es limpiar la institución monárquica de forma que desaparezcan las sospechas que la empañaron en los últimos años y hacer de sus titulares figuras realmente pulcras y ejemplares, con una familia real muy reducida y eficazmente controlable por su Jefe, El Rey.
También parece necesario que el Monarca, tal como señaló Felipe VI el día de su proclamación no sea solo una figura decorativa sino que de verdad “advierta y aconseje” y, sin intentar gobernar haga algo más que reinar involucrándose activamente en algunos de los grandísimos problemas del país, en especial el separatismo y el paro, de los que el Rey no puede desentenderse. Sin duda conllevará un riesgo entrar en la melée, pero lo será mucho mayor intentar quedarse al margen de ella.
La política y la justicia son percibidos hoy como dos de los grandes males del país. Es urgente ir a la regeneración de esos dos poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial, confundidos ambos bajo el mando de los políticos que dominan instituciones tales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.
Sin duda la justicia ordinaria funciona con carácter independiente ya que los políticos no alcanzan a mangonearlo todo, pero las grandes decisiones judiciales vienen marcadas, con toda evidencia, por la política. Es indispensable volver a las raíces de la democracia y delimitar con claridad los poderes clásicos como lo hiciera Montesquieu. No debería ser tarea imposible ya que en realidad tales poderes ya no son, vista la fuerza de la banca, la prensa y los partidos políticos, los fundamentales aunque sigan siendo indispensables.
Las debilidades mostradas por los partidos, su oportunismo, la voracidad de sus componentes, la corrupción, la partitocracia en suma, se encuentran entre los grandes males de la patria. Siendo ello cierto no parece que la solución sea echar por la borda el futuro de los dos grandes partidos y dar acceso a los que llegan con mayor o menor fuerza y que pronto o tarde arriesgarían con verse afectados por parecidas lacras. Sería erróneo pensar que todo lo malo de la política está epitomizado en el PP y el PSOE y que todo lo bueno vendrá de la mano de las nuevas formaciones.
No debemos dudar ni de los partidos ni de los sindicatos, grandes logros ambos de la democracia. Lo que afirmo es la fragilidad de ambas instituciones tal como hoy se han desarrollado y la necesidad de su limpieza profunda haciendo que, entre otras cosas, partidos y sindicatos se nutran, no solo pero principalmente, de las cuotas de sus afiliados lo que les daría independencia real dejando de ser madrigueras donde se refugian muchos oportunistas para medrar.
Las Autonomías, los Municipios y la Administración son también logros democráticos básicos para la participación de las regiones en la política, para propiciar el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos y la neutralidad del funcionariado. De las tres instituciones la que menos éxito ha tenido es la primera. Las Autonomías, nacidas para encubrir el separatismo vasco y catalán, han probado con los años su incapacidad para tapar aquellas vergüenzas debilitando por añadidura la unidad del país, la fuerza de nuestro idioma común, encareciendo el presupuesto del Estado y fraccionando aspectos tan importantes como la educación y la sanidad engrosando la clase política hasta límites peligrosos. Su encogimiento, como también el del número de Ayuntamientos, de funcionarios públicos y de cargos políticos se vuelve indispensable.
Y fíjense que no hablo de la supresión de instituciones que andan en constante entredicho como el Senado, el Tribunal Constitucional, la Audiencia Pública o las Diputaciones Provinciales, cuya utilidad es, hoy por hoy, incuestionable.
Las dos grandes lacras de la nación, el separatismo y el paro, deben ser enfrentadas sin dilación y con claridad. No podemos ver como España se desintegra ante nuestros ojos. El artículo 155 de la Constitución es más que claro y ha llegado la hora de ver cómo se pone en práctica sin fabricar héroes ni mártires. Respecto al paro, se impone una revisión a fondo de nuestra estructura económica detectando las razones profundas de por qué se ha dejado sistemáticamente en la cuneta a un mínimo del 15% de nuestra mano de obra (hoy el 26%), dignificando todas las actividades laborales del país de forma que ninguna de ellas sea considerada indigna por nuestra población y reorientando a nuestros jóvenes hacia sectores económicos con verdaderas salidas profesionales.
Soy consciente de que es mucho más sencillo identificar los errores de un país que apuntar sus soluciones siendo lo más difícil de todo poner en práctica estos remedios. Ya sea éstos u otros, a los dirigentes de nuestro país no le queda más salida que acometerlos con decisión y urgencia.
