Jorge Fuentes. Embajador de España.
Ultimamente hemos conocido en España un sinfín de disparates que no enumeraré por no repetirme. Pocos de ellos me parecen tan absurdos y tan mezquinos como los que afectan a nuestra Cultura y nuestra Educación.
Empezaré por la Cultura, partiendo de la base de que a escala mundial nuestra principal baza cultural no es Cervantes, ni Velázquez, Goya, Gaudí, Albéniz o Tárrega. El principal bien cultural de España es su idioma, el español, el castellano, segunda lengua vehicular del mundo, hablada por más de 600 millones de personas y en España cada vez por menos y peor.
Decidir ahora con el fin de ganar el apoyo de separatistas catalanes y vascos que el español deja de ser nuestro idioma oficial en todo el territorio nacional, es tan absurdo como suicida. Es como si en Francia o Italia, que también tienen diversidad de lenguas, renunciaran a la oficialidad del francés o del italiano. El gobierno en pleno y la ministra Celaá en particular, merecen un suspenso rotundo por esta decisión.
Por si fuera poco, aquel dislate se ha visto acompañado por la decisión de cerrar los colegios concertados y especiales que venían prestando servicios irreemplazables en la educación de nuestros menores.
Suspender las escuelas concertadas es como dispararse un tiro en el pie ya que venían atendiendo las preferencias y necesidades de millones de familias abaratando, por añadidura, el coste de la enseñanza.
Pero cerrar las escuelas especiales entra en el terreno de lo maligno. Hace falta tener la cabeza muy mal organizada para pensar que un niño con limitaciones mentales muchas veces severas, con consecuencias físicas y fisiológicas, va a poder beneficiarse del contacto escolar con sus colegas mejor dotados. Quizá la señora Celaá piensa que estos niños normales deban convertirse en mentores o enfermeros de sus compañeros menos favorecidos.
Se trata de la octava ley de educación que conoce España desde el arranque de la democracia y aunque todo parte de la falta de un acuerdo claro en la redacción del artículo 27 de la Constitución, sobre si se debía dar prioridad a la educación privada o pública, posiciones defendidas respectivamente por la derecha y la izquierda, la aparición de nuevos partidos poco entusiastas de la Carta Magna, nos ha llevado a esta nueva ley, sin duda la peor desde 1978, que no durará, pero que causará muchos destrozos antes de verse sustituida por otra. Que lo será.
