Jorge Fuentes. Embajador de España.
Una de las rarezas más llamativas de la realidad socio-económica de España (otros dislates son la legalidad de partidos que propugnan la ruptura del país o la existencia de millones de parados), es la imagen de más de cien mil viviendas ocupadas por individuos o grupos que no son ni sus arrendatarios ni sus propietarios.
En algunos casos se trata de familias en situación de extrema necesidad que, forzadas por las circunstancias, se han visto abocadas a asaltar pisos vacíos, propiedad de privados, inmobiliarias o bancos. En otros casos se trata de bandas organizadas que recurriendo a mil argucias, aprovechan cualquier ausencia del legítimo propietario para asaltar la vivienda vacía, cambiar la cerradura e instalarse en el piso, casa o incluso mansión suntuosa donde veranear o donde pasar tiempo indefinido.
Hasta aquí nada sorprendente. Ello ocurre en España y en casi todos los países de Europa y quizá del mundo. Lo que es privativo de nuestro país es que si usted ha logrado, después de años de trabajo, esfuerzo y ahorro, ser propietario de su vivienda y por desgracia es víctima de una ocupación, puede tardar años en recuperarla y costarle una fortuna hacerlo.
La ley protegerá al okupa antes que al propietario, sea cual sea la situación de uno o del otro. Ello no ocurre así en ningún otro país de nuestro entorno, en que la policía desalojará al okupa en cuestión de días si no de horas.
Si la práctica española hubiera nacido con la llegada al poder del pacto social-comunista de Sanchez e Iglesias, nada nos debería sorprender pues es bien sabido que para Marx y sus seguidores, la propiedad privada es el robo y, por tanto, cualquier agresión contra ella nos encaminaría hacia la liberación.
Pero el fenómeno viene de bastante más lejos, cuando teníamos gobiernos socialdemócratas e incluso conservadores, de ahí que se trate de una dejación legislativa que los partidos de la oposición de centro derecha están intentando modificar y que si no queremos que España siga siendo diferente por razones muy poco edificantes, hay que corregir sin demora.
Las cosas han llegado muy lejos y no será fácil reconducirlas. Imaginen lo que será desalojar a mas de cien mil familias que pasarían automáticamente a ser "sin techo". Una situación lamentable que no tiene por qué ser sufrida por el ciudadano honrado propietario de la vivienda, sea éste un particular, un banco o una inmobiliaria. Se trata de un problema socio-político que deben resolver los políticos, que para eso se les paga y muy generosamente.
