Jorge Fuentes. Embajador de España.
En los últimos meses, el tema de las pensiones ha saltado al primer plano de la actualidad en particular por la mísera subida del 0,25 de las pensiones, muy por debajo del incremento del coste de vida que en 2017 fue del 1,1%.
Con ello resulta evidente que los pensionistas somos cada día más pobres ya que con nuestras asignaciones tenemos año tras año menos capacidad de compra. Hay que recordar que las pensiones no son una limosna que nos hace el Estado sino que es el pobre resultado de todas las aportaciones que hemos efectuado a Hacienda a lo largo de nuestra vida laboral y que el Estado, por cierto, administró muy malamente.
Tan triste noticia está conociendo como reacción, la movilización de los jubilados que se han sumado a los otros muchos gremios, con la fuerza de sus casi 9 millones de votos que pueden decantar las elecciones en un sentido o en otro.
La subida del 0,25 ha venido acompañada de otra decisión de Hacienda favoreciendo a los tres millones de funcionarios públicos que en los tres próximos años conocerán un incremento en sus sueldos del 8% compensando así las congelaciones salariales conocidas por este sector en los años duros de la crisis.
En mi doble capacidad de funcionario público y jubilado debo confesar que estoy en desacuerdo tanto con mis colegas jubilados manifestantes como con el aumento a los funcionarios. En realidad creo que destapar los dos anuncios -el incremento del 0,25 y el 8%- casi simultáneamente ha sido un error de presentación del gobierno.
Es muy cierto que los funcionarios vimos los sueldos congelados durante algunos años de crisis e incluso se suspendieron las pagas extraordinarias, pero también lo es que ningún funcionario tuvo que sumarse a los casi seis millones de parados que conocieron y siguen conociendo etapas dificilísimas en sus vidas.
De igual modo, los pensionistas, con sus percepciones medias de mil euros mensuales -que en muchos casos son de 500 pobres euros- se encontraron en una situación relativa de privilegio ya que eran los únicos miembros de muchas familias que contaban con algún tipo de ingresos que, generosamente, pasaron a compartir con sus hijos parados y sus nietos aun improductivos.
Pero el problema de las pensiones no es solo ni principalmente que hoy se actualicen a la par con la subida del coste de la vida. El problema es que el sistema permita que pueda haber pensiones al menos con el nivel de las actuales dentro de un par de decenios.
El 40% de los presupuestos del Estado van destinados hoy a pagar las pensiones y el 11% a abonar a los funcionarios entre los que se encuentran los barrenderos y los ordenanzas, los maestros y médicos, los abogados del estado y diplomáticos. Y aparte de todos ellos, medio millón de políticos, una cifra cinco veces superior a la que tiene Alemania que cuenta con el doble de nuestra población.
La solución de este grave problema pasa por la reconsideración del plan general de pensiones ya que debido al creciente envejecimiento de la población, se encarece anualmente en un 3% la parte del presupuesto dedicada a los pensionistas aunque no conocieran ni un céntimo de incremento de sus percepciones. Si no se encuentra solución a este problema no es ya que en 20 años se producirá, como ahora, un empobrecimiento del 2% anual sino que lo será de un 30 o 40%.
En paralelo, el número de funcionarios públicos y de políticos -sindicalistas, parlamentarios autonómicos, concejales de los más de 8.000 municipios etc.- deben ajustarse a niveles razonables. Me queda la tranquilidad de conciencia de saber que pertenezco a una corporación -la carrera diplomática- que viene defendiendo la política exterior mundial con la modestísima cifra de mil funcionarios diplomáticos, muy inferior a cualquier otra corporación del Estado.
