Jorge Fuentes. Embajador de España.
La judicializacion de la vida española empieza a resultar preocupante. No es solo que los jueces estén resolviendo muchos de los problemas que corresponderían a los políticos, sino que la sociedad en su conjunto vive el día a día pendiente de las sentencias de algunos casos que durante meses o años han sido portada.
Hay al menos tres juicios cuyas sentencias tienen en vilo a más de media España. El primero de ellos es el caso 'Noos' en el que hay varios investigados pero uno de los cuales, Urdangarín, resulta especialmente sensible porque si los jueces se pasaran con su sentencia, o no llegaran a alcanzar las expectativas populares, causarían una pésima impresión sobre la opinión pública.
Una sentencia blanda dañaría a la Corona que quedaría bajo sospecha de haber mangoneado la judicatura. Una decisión extra-severa perjudicaría a la familia Urdangarín-Borbón que durante años vería al cabeza de familia entre rejas. Tengo la impresión que a la gente no le importaría mucho.
Bastante menos político es el caso de 'la Manada' para cuyos desaprensivos integrantes el vulgo ha emitido ya sentencia casi de cadena perpetua revisable. El enfriamiento de meses que se está produciendo debe servir para que los jueces puedan dictar con equilibrio, basándose en criterios objetivos y sin dejarse arrastrar por las expectativas populares.
El tercer gran asunto pendiente es la agresión a los dos guardia civiles y sus parejas en octubre pasado. Se les juzga nada menos que por terrorismo y la Fiscalía ha pedido para los ocho encausados, 325 años de prisión.
Aparte de estos tres casos notables, en otros dos asuntos el ejecutivo ha hecho dejación de funciones para pasarlos a las manos del poder judicial; tales son la crisis separatista catalana y el misterioso caso del máster de la señora Cifuentes.
La crisis catalana es lo más grave y absorbente que ha ocurrido en España al menos desde el comienzo del siglo XXI. El gobierno se limitó y muy a regañadientes, a aplicar el 155, pero sin tocar ni a los medios informativos (en especial a TV3), ni a las materias educativas y lingüísticas.
El Tribunal Supremo, con el implacable juez Llarena al frente, ha propiciado la estampida de siete separatistas y el encarcelamiento preventivo de otros nueve. Los huidos han provocado un descrédito preocupante de la democracia española y aunque los gobiernos europeos han apoyado al nuestro, ni los poderes judiciales ni la opinión pública de la UE han comprendido lo que se estaba jugando en Cataluña, en España y en Europa.
Unos jueces de pueblo en Alemania (perdón por calificar así al lander de Schleswig Holstein) se han permitido el lujo de, en dos días, enmendar la plana el Tribunal Supremo español que había invertido meses en estudiar y dictar su sentencia. La euro-orden no está funcionando y, por ende, la cooperación judicial en la UE ha probado ser casi inexistente.
Una vez mas el Presidente Rajoy está haciendo gala de prudencia (algunos lo calificarían de forma menos amable) al alabar la actitud alemana que ha sido para nosotros como un jarro de agua fría por lo mucho que esperábamos del amigo germano cuando atraparon a Puigdemont que se paseaba felizmente por media Europa.
Respetar la UE es primordial para España y para todos los estados miembros, pero no debemos perder de vista que puestos ante la tesitura de elegir entre la Unión Europea o la unidad de España, debemos sin duda optar por el respeto a nuestra unidad que en la actual situación implica juzgar a los golpistas catalanes sin cortapisas externas y tal como los secesionistas se merecen.
El último caso que también ha acabado en manos de la Fiscalía es el del máster de la presidenta de la Comunidad madrileña, un asunto que está poniendo al PP entre la espada y la pared porque los Populares o muestran su debilidad ante Ciudadanos que exigen la dimisión de Cifuentes como antes lo hizo con el presidente murciano o resiste el envite de Rovira poniendo en riesgo la perla de la corona madrileña.
Sospecho que Madrid seguirá en manos del PP pero eso no impedirá el vapuleo que Rajoy puede sufrir en la retahíla de elecciones que se nos viene encima a partir del año próximo: europeas, municipales, autonómicas. Y a más tardar en 2020, las generales.
Los políticos van a salir dañados con la historia de los títulos de prestigio -Cifuentes, Pedro Sánchez, Pepiño Blanco, Errejón, Franco Pardo y un largo etcétera- pero la institución que saldrá mas dañada es la propia Universidad cuyo afán recaudatorio y emisor de títulos de prestigio, ha quedado al descubierto.
Bien que lo siento. Pasé muchos años vinculado a la Complutense, a la Universidad de Salamanca y a La Sorbona en las que sudé la camiseta para obtener mis títulos. Hoy no me atrevería a colgar en mi despacho un máster de la URJC ni aunque me lo regalaran.
