José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Cada día nos despertamos con el croar de un sapo distinto, de color casi siempre verde, con ojos saltones, lengua bífida y cara inocente, eso si, siempre con la misma entonación: corrupción, corrupción, corruptela….
Viene esto a cuento de las imputaciones a funcionarios de ADIF (La parte estatal segregada de RENFE y denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) por sobrecostes en la ejecución de un tramo del Ave de la línea Madrid-Barcelona.
En el país de los pillos, en el que algunos de los que nos gobiernan o han gobernado han sido mal ejemplo en estas actuaciones, no es de extrañar que los mortales de a pie sucumban al vil metal; todos tenemos un precio y no siempre su cuantificación es monetaria, por lo que quien esté libre de pecado…
Tenemos un sistema de contratación por parte de la administración que para quienes alguna vez lo hemos sufrido es aparentemente muy garantista, pero por otra parte con trampa oculta, y me explico.
Los técnicos-funcionarios hacen una valoración de los costes de una infraestructura, obra de urbanización o acondicionamiento de una plaza y cuando se reciben las ofertas de las empresas que compiten por este contrato hay un apartado que dice más o menos que “un descuento superior al diez por ciento se considera una baja temeraria”, ya que puede ocurrir que al pujar tan bajo hayan pérdidas, lo que conllevará un acabado deficiente, incompleto o sin cumplir con todos los requisitos; hasta aquí perfecto.
Pero cuando esta empresa adjudicataria empieza a trabajar, esta misma la ley le permite por causas “justificadas” presentar un modificado al presupuesto inicial de hasta un 25% de lo pujado.
También está bien, pues pudiera ocurrir que ocasionalmente y de modo excepcional elementos desconocidos a una obra y no considerados lo incrementasen, por ejemplo el que en una urbanización se descubren unas ruinas o una acequia que hay que reconducir.
Lo grave de estos modificados es que existen siempre, son una parte más del coste de cualquier obra pública y que cuando se argumenta por parte del adjudicatario elementos imposibles de predecir o detectar y los técnicos-funcionarios dan el visto bueno, como ha sido el caso de este tramo del AVE, pueden llegar a triplicar el coste, más de doscientos millones de incremento sobre el precio inicial.
¿Creen ustedes que empresas dedicadas casi exclusivamente a estos menesteres y que se conocen la normativa mejor que los funcionarios no sabían de las dificultades orográficas del terreno? Les aseguro que sí, pues medios tecnológicos hay y los utilizan para saberlo.
Habrá que revisar el modo de presupuestar y la manga ancha que suele haber con los modificados, pues su aprobación no es pública sino a criterio de los técnicos designados al efecto y luego pasa lo que pasa, y si no a los hechos me remito.
