José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Son noticia un día, se manifiestan al siguiente, aparecen en los medios de comunicación escritos un par de veces y si la cosa la trata el Wyoming o el Ébole a lo mejor aparecemos en el Deluxe y estamos una semana en el candelabro.
Así son las cosas ,tan frívolas como reales , así nos hacen pensar y opinar, porque es lo que prioritariamente debe importarnos , lo que da audiencia, lectores y escuchantes que diría la gran Pepa Fernández en su programa de fin de semana en RNE.
En noviembre de 2012, en uno de los momentos más álgidos de la crisis tuvimos una huelga general promovida por UGT y CCOO en contra de los recortes y por la defensa de los derechos de los trabajadores.
El derecho a la huelga es legítimo, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y sin más límite que el respeto tanto a quienes lo ejercen como a quién no.
Hubieron bastantes detenidos por altercados, algunos de ellos por su particular carácter violento al entender de los jueces estuvieron en prisión preventiva en el módulo de especial seguimiento casi dos meses, lo que levantó airadas reacciones de sindicalistas, políticos, algún intelectual de tres al cuarto y despistados a los que siempre se les pregunta, argumentando la misma cantinela, que si derecho de manifestación, vulneración de la libertad de expresión, gobierno represor, que si vamos a Bruselas, que si marea verde, marea esmeralda, que si camisetas, que si redes sociales...
El tiempo ha pasado y la justicia que como he reiterado en más de una ocasión es lenta, pero llega, y en este caso ha sido la sección treinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a uno de sus más significados protagonistas, Alfonso Fernández Ortega a más de cuatro años de prisión por tenencia de explosivos que más allá de poder causar daños materiales, podían causar lesiones graves a personas. Por resumir, llevaba en una mochila los componentes para fabricar un bomba.
No he oído ni visto reacciones a esta sentencia; bien es cierto que puede recurrirla al Tribunal Supremo, pero ya le han juzgado. ¿Donde están todos los ‘perroflautas’ que clamaban escandalizados por el atentado contra la libertad de manifestación y expresión? Ahora querría escucharlos con un solo argumento sólido que avalara sus actuaciones pasadas y que no fuera el decir que la justicia no es igual para todos.
Situaciones como esta son campo abonado para campañas demagógicas en las que se minimiza el carácter delictivo de estos comportamientos comparándolos con los de ‘cuello blanco’, solo hay que ver la programación de la Sexta Televisión y entenderán.
Las leyes están para cumplirse y pueden ser modificadas; algunas sentencias parecen desproporcionadas en cuanto al tiempo de privación de libertad, pero en modo alguno podemos justificar una conducta delictiva comparándola con otra.
Los comportamientos amenazantes, coercitivos y violentos deben ser condenados en su justa medida como cualquier otro, no caigamos en la tentación que los delitos de corrupción se conviertan en la vara de medir nuestro ordenamiento jurídico; para eso está el Código Penal.
