Juan Giner. Militar en la Reserva e Investigador Histórico.
Transmutando en Javier de Burgos a la inversa argumenta Felipe González en suprimir las provincias e insistiendo por otro lado en que “hay que intentar que esas delegaciones del Gobierno en las provincias sustituyan la parte interesante e imprescindible de la tarea provincial”. Tal argumentación como afirma nuestro ex-presidente está en la línea del ahorro, que representaría el 80% del gasto que corresponde a sueldos y solamente el 20% a inversión en las actuales diputaciones.
Debería resumirse en todo caso lo afirmado cómo un problema de gestión y no como estructuración de un ente provincial que se ha demostrado eficaz desde su institucionalización en 1812 como proximidad, cohesión y desarrollo de nuestros pueblos.
Qué duda cabe que habría que reducir y mucho el organigrama en número de miembros y ‘agregados’ que componen las diputaciones sin olvidar que en su origen fueron ideadas como extensión y control del poder estatal y económico, cosa que olvida Felipe González al atribuir a las Delegaciones de Gobierno lo que ya estaba en principio contemplado como fundamento en las diputaciones.
No obstante, nunca como hasta ahora se encuentra este ente provincial tan mediatizado por partidismos que olvidan por momentos que su función primera es acercar el Estado, que no el Gobierno de turno, a los ciudadanos y hacerles sentir la proximidad de ‘sus instituciones’ fueran del signo que fueren y que ningún pueblo se sienta por muy alejado que este de la ‘capital de provincia’ donde radique su diputación más marginado que el más próximo.
Drástica reducción de personal en asesores, dobles cargos públicos, gestión escrupulosa y eficiente distribución del presupuesto y por encima de todo cercanía a los pueblos y sus gentes.
Hay que ponderar el servicio prestado desde hace ya 200 años por las diputaciones provinciales y las prácticamente desconocidas delegaciones de Gobierno o en tiempos Gobierno Civil en cuanto a proximidad ciudadana a sus pueblos y sus gentes se refiere en función de sus atribuciones y que en atención a lo argumentado por don Felipe sería como “desnudar un santo para vestir a otro” sin entrar a contemplar la composición en gastos de instalaciones y personal que requeriría el nuevo modelo propuesto.
Quizás no le hubiesen sobrado razones argumentales si don Felipe hubiera abogado por el gasto inconmesurable que representan las 17 comunidades autónomas en vez de centrar su visión en estos entes provinciales, y dejo por incongruente la afirmación de suprimir las provincias por ser un dislate de dimensiones históricas
