Marisol Linares. Vicesíndica del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.
La ejemplaridad que rige la gestión de Alberto Fabra se ha evidenciado, más si cabe en los últimos días, al demostrar con hechos que ha delimitado una línea roja que no se debe traspasar bajo ningún concepto.
Los ciudadanos están presenciando desde hace muchos meses situaciones de irregularidades que afectan a políticos y que provocan en la opinión pública una desafección generalizada hacia toda la clase política. Una desafección que se acrecienta si tenemos en cuenta que muchas familias españolas están sufriendo en primera persona la lacra del paro y las terribles consecuencias de la crisis económica.
El problema al que nos enfrentamos los partidos políticos es a la generalización de ese distanciamiento, esa pérdida de confianza en la política en su conjunto por parte de una ciudadanía que engloba a la clase política en un todo a partir de las actuaciones cuestionables de unos pocos.
La realidad es muy diferente. Vaya por delante que, en mi opinión, los medios de comunicación cumplen con su obligación al publicar diariamente informaciones sobre casos de presunta corrupción que afectan a unos y otros partidos. Sin embargo, este hecho genera una alarma social que hace que el poder político esté identificado con un poder corrupto e innecesario para gobernar en democracia.
Nada más lejos de la realidad. Al amparo de esta legítima aunque, a mi juicio, errónea percepción, nacen y proliferan movimientos antisistema y pseudo anarquistas que hacen un flaco favor a una democracia consolidada como la nuestra, alentados, tristemente, por algunas formaciones políticas que, en realidad, no saben, o no quieren saber, que tiran piedras sobre su propio tejado.
El Presidente Alberto Fabra lo tiene muy claro: frente a la corrupción, tolerancia cero.
Y, con esta hoja de ruta, está actuando con diligencia, prudencia y contundencia para que los ciudadanos, al margen de la situación social y económica que atravesamos, sigan confiando en un partido, el Partido Popular, que tiene muy claro que es un partido honrado, trabajador y con una enorme vocación de servicio público.
Esa confianza sólo se mantendrá si asumimos que hay una línea roja que no se puede traspasar. Una línea roja que trazó Alberto Fabra, es cierto, pero que todos respaldamos en la convención nacional en la que se aprobaron los estatutos más exigentes que ha tenido nunca un partido político en España.
El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana quiere dejar claro a la ciudadanía que las personas que se han beneficiado personalmente del noble ejercicio de la política no tienen cabida en el Partido Popular. Mano de hierro con guante de seda. Actuar con contundencia pero no a ciegas, sin precipitarse, sin ceder a la presión coyuntural en detrimento de la justicia.
Nosotros siempre hemos creído en la honestidad de las personas y en los derechos constitucionales que asisten a todos los españoles, entre ellos la presunción de inocencia. Un derecho que, a veces, no se respeta ni desde los medios ni desde el propio ejercicio de la política.
No obstante, no hay que confundir el profundo respeto del Partido Popular por la presunción de inocencia que a todos nos ampara con la duda sobre cuáles son nuestros principios en lo que respecta a esta cuestión, unos valores que están meridianamente claros y que se resumen en decir no a la corrupción y sí a la justicia.
