Miguel Barrachina. Economista y vicepresidente del área económica de la Diputación de Castellón.
Lo más significativo de la etapa socialista no fue, como pudiera parecer, la ruina económica, sino la negligencia en la obligación de control.
Da igual que hablemos de control del sistema financiero, de inmigración o de cuentas públicas, la laxitud gubernamental sobre todos ellos ha sido el denominador común de un periodo superado.
Quizá la ausencia de control que más desapercibida pasó entonces fue la del sistema financiero que no solo comercializó masivamente participaciones preferentes sino que estimuló la concesión de hipotecas, transformadas en desahucios, y multiplicó por tres la exposición inmobiliaria.
Un destacado diputado del PSPV decía sobre las preferentes que “el PP sabrá porqué se pone del lado de los que se han forrado y no del de las víctimas saqueadas” y que “no pararemos hasta identificar a los responsables”.
Le voy a ahorrar su tarea de identificación; los responsables de que el 70% de los bancos y cajas españoles vendieran indebidamente preferentes a los ahorradores, además de las propias entidades financieras, son básicamente tres, y profesan su misma ideología:
- Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España, ex diputado socialista, que toleró la emisión de preferentes y su venta en el tramo minorista fundamentalmente en 2008 y 2009.
- Julio Segura que presidía la CNMV que primero autorizó este producto y después determinó la desaparición del mercado secundario que impidió que los particulares pudiesen deshacerse de ellas.
- La Vicepresidenta Salgado, que como ministra de Economía colaboró en la toma de todas estas decisiones.
Y por encima de todos ellos, quién propuso a los tres, Rodríguez Zapatero.
Pero lo importante no es solo buscar culpables sino que el ahorrador víctima recupere la totalidad de su aportación, ya que efectivamente ha supuesto que miles de pequeños ahorradores se vean atrapados, y por eso el nuevo gobierno de Rajoy ya no permite una venta que solo entre 2008 y 2012 supuso la irregular colocación de 6.212 millones según la actual CNMV.
El descontrol financiero además de la estafa de las preferentes también toleró operaciones hipotecarias que hoy se están demostrando desmedidas y, en casos, abusivas.
Ahora tras la aprobación del código de buenas prácticas bancarias y la ley de protección de deudores hipotecarios, los desahucios –provenientes de la etapa anterior- han caído a su mínimo histórico, y en Castellón baja un 41% la cifra de ejecuciones.
Nunca deja de sorprender que los mismos que crearon los problemas ahora traten de liderar la crítica a las soluciones, pero nuevamente sin ellos este país resolverá todos los entuertos y saldrá adelante.
