Miguel Barrachina. Economista y vicepresidente del área económica de la Diputación de Castellón.
El ayuntamiento de Vall d’Uixó, que dirige el incansable Oscar Clavell, ha decidido ceder suelo a la Conselleria para la construcción de un colegio de iniciativa social, lo que supondrá que los padres podrán elegir libre y gratuitamente entre escolarizar a sus hijos en un colegio concertado o en uno público.
En la Comunitat todos los recursos, públicos y privados, deben ser aprovechados para que la prestación de los servicios públicos sea lo más extensa y eficiente posible.
La participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos educativos, sanitarios, sociales o en la realización de infraestructuras tiene indudables ventajas.
Acrecienta la libertad de elección de pacientes, padres o usuarios, genera ahorros e introduce la posibilidad de comparar distintas prestaciones.
En el ámbito nacional el informe Las cifras de la educación en España refleja que en la etapa socialista, curso 2010-2011, el coste por plaza en un centro concertado le cuesta a la administración el 46,1% de lo paga por una pública.
La garantía pública de una determinada prestación no supone que deba ser exclusivamente realizada por empleados públicos, aunque estos resultan indispensables en buena parte del proceso, ya que la colaboración público-privada preserva al gestor público la planificación, la definición de los objetivos, los medios y contenidos, la fiscalización y la verificación del resultado y es la administración la que debe dar cuenta de los resultados ante los ciudadanos.
No es extraño que la Asamblea Parlamentaria de Europa haya aprobado una Resolución sobre el derecho a la libertad de elección en la educación, en la que se recomienda a los Estados que reconozcan el derecho de las iniciativas educativas privadas a ser una oferta real en el sistema educativo y a que se le garanticen fondos suficientes.
En nuestra Comunitat se da la injusta situación de que padres y madres de más de 6.000 alumnos ven desatendida su legítima pretensión de escolarizar a sus hijos en centros de régimen privado concertado.
La izquierda montaraz en la Vall, y en muchos otros lugares, se opondrá a este tipo de gestión, como lo hizo en su día con la recogida de residuos o el suministro de agua pero en unos años los veremos hacer cola para ceder suelo a iniciativas sociales.
Renunciar a la gestión indirecta de los servicios públicos por prejuicios ideológicos tiene un elevado coste en términos económicos, de calidad y de libertad.
El Estado es el garante de nuestro bienestar pero la sociedad civil jugará un papel creciente en su consecución.
