Miguel Prim Tomás. Ex Parlamentario Nacional.
Hemos comenzado un nuevo año, y cómo no, sacar a colación de lo dicho unas jornadas atrás, nos llevaría a conclusiones sobre los problemas que ahí están. Y uno de ellos es el problema del agua.
Leí el otro día que el pasado mes de diciembre, concretamente el día 10, el Gobierno de Aragón aprobaba su Ley 10/2014 de 27 de noviembre de ‘Agua y Ríos de Aragón’, la cual no entrará en vigor hasta el 10 del próximo mes de junio. Dicha Ley no hace nada más y nada menos que blindar el agua del Ebro sólo para aquella Comunidad Autónoma.
Los que hemos seguido muy de cerca la petición de sobrantes del agua del Ebro, en concreto para nuestra provincia de Castellón, sentimos ahora otro nuevo sobresalto ante una situación que los políticos debieron de arreglar y tener en cuenta años atrás.
Cuando decimos que Castellón, por la problemática de la intrusión marina en la zona costera, necesitaba la aportación de agua de mejor calidad, se dijo y se demandó que con tan solo 80 hectómetros cúbicos anuales, seria suficientes para solucionar el problema. En la Legislatura del 2000 al 2004, se aprobó el Plan Hidrológico Nacional. Pero en la siguiente Legislatura era derogado.
Ya dijimos que en nuestra Constitución del 78, en el artículo 45, punto 2, pone: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectica”. La palabra ‘solidaridad’ es como un mandato claro. Solamente con este artículo, nunca, repito nunca, una Comunidad Autónoma, puede o debe blindar un río que pase por sus tierras y más teniendo en cuenta que tiene además una aportación de agua de fuera de sus límites.
Y la noticia de la Ley aragonesa venia junto con el anuncio del Vicepresidente de la Generalidad Valenciana, José Ciscar, que ostenta además la cartera de Agricultura, de la interposición de un recurso diciendo que la Ley es ilegal, además de inconstitucional. De todo ello, y de lo expuesto aquí, podríamos sacar como conclusión, que en tema de Estado, los partidos mayoritarios, como son PSOE y PP, tendrían que ponerse de acuerdo, y además de que uno de los problemas que encuentran en esa descentralización llamada ‘Comunidades Autónomas’, invita entre otras cosas a la poca solidaridad entre las mismas, con ejemplos claros de financiación, entre otros, y éste del agua del Ebro.
Y acabamos diciendo bien alto que el déficit hídrico de la Provincia de Castellón, y otras localidades valencianas, pueden y debe en parte solucionarse con el Canal del Ebro. Y ello no debe impedir que la solidaridad sea muchas veces pisoteada por esas ‘banderías’ que debían como cosa urgente reciclarse y adecuarlas a las
necesidades y circunstancias del momento. Ese podría ser un tema estrella del cual, por cierto, dudo que los partidos políticos cara al año electoral lo propongan. ¿O sí? ¡Ojala!
