Rafa Cerdá Torres. Abogado.
En estos tiempos de tanta dureza económica y social, ciertos controles deben funcionar con la mayor eficacia y rigor posible. Me refiero a la necesidad de un orden público que garantice la adecuada convivencia en nuestros pueblos y ciudades, vigilado por los miembros de los Cuerpos de Seguridad de Estado, y sobre todo, respetado por el conjunto de la ciudadanía que debe conocer las consecuencias de quebrar los más elementales principios de convivencia. El segundo mecanismo de control al que me refiero, es el respeto a la Ley. Una sociedad que se considere mínimamente avanzada, no puede considerar que los discursos, los objetivos políticos y los intereses de grupo, predominen sobre las normas que las instituciones democráticamente elegidas han aprobado.
Me refiero a la cada vez más extendida sensación que observo en demasiadas personas, que toda obligación legal que no guste, interese o goce del beneplácito de los muy mediáticos grupos de presión, sencillamente no merece ser seguida. Estos grupos, aglutinados en Plataformas, Asociaciones y demás entidades, enarbolan un discurso cuajado de buenas intenciones y mejores deseos, se erigen como garantes de no sé muy bien qué ciudadanía, y rechazan a los legítimos representantes de opciones políticos, que en mayor o menor medida, podrán gustar, pero son los únicos que han recibido el respaldo de las urnas, y de forma muy mayoritaria.
Son tiempos muy duros, y los estragos de esta sempiterna crisis tienen un carácter demasiado profundo cómo para no obviarlos. Sin embargo, el respeto por la ley y los marcos de convivencia deben ser objeto de verdadera protección, sin ningún tipo de complejo, por parte de las distintas administraciones. La demagogia, el discurso fácil y la sensiblería en las intenciones, se expande muy rápido, pero sus efectos son sencillamente letales. Las leyes, como expresión de la voluntad de ciudadanos libres, regulan el ejercicio de las libertades, así de sencillo. Si no se comparte el contenido de una norma, se acata y se procura obtener el mayor grado de convencimiento, por parte de la sociedad a través de un proceso electoral, a fin de acceder a los medios de poder que permitan modificar la regulación que no se comparta. Cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la investigación científica con células madre, por citar algunas, son materias de controversia política que han sido aprobadas en la medida que han obtenido sus defensores el respaldo popular suficiente.
Cuidado con los cantos de sirena que llaman a la desobediencia de las leyes, son la guía segura para el naufragio de todo el sistema de libertades. La convivencia en libertad exige una enorme responsabilidad.
