Rafa Cerdá Torres. Abogado.
La clásica cuestión que enseguida acompaña al aborto: ¿estamos en presencia del ejercicio de un derecho que asiste a la mujer embarazada, o bien se cercena una vida en toda la extensión de la palabra?. No seré yo quién consiga responder a tan candente cuestión, desde todos los puntos de vista posible se han planteado reflexiones y argumentos con una alta dosis de sentido común y de responsabilidad, otras manifestaciones en cambio, no han sobresalido más que por su nivel de decibelios propio de un griterío pseudo-fascista.
A nivel personal considero el aborto como la expresión de un clamoroso fracaso, frente a la mujer que por multitud de circunstancias, no puede o no quiere afrontar el hecho de su maternidad. Fracaso en cuanto a no estar en condiciones de poner a su disposición mecanismos a nivel asistencial, de ayuda económica y psicológica, de refugio,... con la finalidad que su hijo o hija encuentre en la asistencia pública una acogida que ella no puede facilitarle, y una vez auxiliada durante todo el período del embarazo, encuentre la seguridad que la criatura que no puede incorporar a su vida tendrá una existencia buena.
Concibo la vida como un milagro que se produce desde el mismo instante de la concepción, y me provoca un instintivo rechazo el laminar la posibilidad de ver crecer a un ser humano con todo su potencial dentro del seno de su madre. Sin embargo, entiendo que debe existir un marco legal que regule en condiciones adecuadas, una serie de posibilidades dentro de las cuales la mujer ejerza de manera efectiva y real la posibilidad de seguir adelante con su embarazo. Mi libertad tiene como límite la libertad de otras personas. Gestaciones derivadas de una situación de abuso sexual o violación, situaciones de claro peligro para la integridad de la madre, o la concreción de un umbral de tiempo hasta cuando la mujer pueda sin más explicaciones poner término el embarazo (por ejemplo de diez a doce semanas), deben encontrarse reflejadas en una legislación consensuada por los principales grupos políticos. Un marco estable genera confianza y ante todo seguridad para las ciudadanas que opten por acogerse a la posibilidad de abortar dentro de unas situaciones bien delimitadas. Hay que evitar situaciones como las interrupciones de embarazo a las cinco o seis meses de gestación...no es un aborto, es un asesinato.
Hace pocos días, visioné un vídeo en donde un grupo heterogéneo defendía el derecho al libre aborto, lo cual es muy legítimo. No lo es tanto, a mi juicio, cuando se tilda de anti democrática la actitud del gobierno en este tema, en clara referencia a la reforma que el Ministro de Justicia piensa acometer sobre la actual legislación. El Gobierno posee el respaldo de una mayoría parlamentaria fruto de unas elecciones, cuyos resultados permiten a los partidarios de cada opción plantear sus postulados, pero no imponerlos a los demás si no van acompañados del respaldo político suficiente. Es decir, el mismo respeto democrático que pidieron al Partido Popular cuando se opuso a la actual legislación aprobada en 2010 en materia del aborto, y el PSOE se encontraba respaldado por una mayoría parlamentaria para sacar adelante su normativa, es idéntico al que debe aplicarse esa misma formación política hacia su propio discurso: respeto a la voluntad expresada por las urnas.
Sin embargo, para evitar vaivenes en referencia a una cuestión tan delicada, los dos grandes partidos deberían acordar una postura común en materia de aborto, que no se encontrara supeditada a los cambios cíclicos de las mayorías parlamentarias. Es de justicia y sobre todo, es una mejora de la libertad.
