Rafa Cerdá Torres. Abogado.
En un verdadero ejercicio de prestidigitación política, los responsables de distintos partidos de la izquierda parlamentaria, y de forma muy destacada el Partido Socialista Obrero Español, siembran todas y cada una de las comparecencias públicas que realizan sus distintos portavoces, con la necesidad de un ‘Gran Pacto’. Este acuerdo debería ser refrendado entre el Gobierno y el P.S.O.E . principalmente, de forma y manera que la sociedad recibiría un mensaje tranquilizador, los mercados internacionales una imagen de solvencia y sobre todo, se daría un ideal de fortaleza al resto del espectro político: el sistema constitucional vigente se apoya en dos grandes bloques partidistas y la unidad entre ambos impera. Aviso a navegantes, que toda ruptura deberá ser filtrada por la confluencia de intereses entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
Pues bien, todo este esquema de apelación a un consenso patrio, me suena vacío, hueco y con un tufillo a fraude del bueno. En noviembre de 2011, tuvieron lugar unas elecciones con la finalidad de elegir las dos cámaras legislativas: el Congreso de los Diputados y el Senado. Con una participación electoral nada desdeñable, el Partido Popular obtuvo una contundente mayoría absoluta en ambas cámaras. Es decir, hasta el 2015 el partido ganador posee el mandato para gestionar la vida nacional.
Es cierto que la situación social y laboral roza lo dramático, las estadísticas al respecto son inequívocas. La economía parece no salir del marasmo en el que se encuentra, sin embargo España no se encuentra en el pozo en el que se hallaba hace un año y medio. La inminencia del "rescate" al estilo de Grecia era cuestión de meses, y ahora esa eventualidad ni se cita. La confianza de los inversores de forma lenta, muy lenta va recuperándose. Queda muchísimo por hacer: la reforma radical de la Administración Pública y su gigantismo, la adecuada estructura competencial entre las entidades locales y los gobiernos autonómicos, la profundización en dinamizar el mercado de trabajo, la creación de políticas de incentivos fiscales para el apoyo a la libertad de empresa, la reducción de asfixiante carga fiscal,....
Los mismos que estuvieron a punto de lanzar a España por el abismo, son los mismos que encomiendan todas las bondades a un supuesto consenso en materia económica. En realidad pretenden que el mandato otorgado por las urnas a este Gobierno sencillamente no se cumpla. En una circunstancia histórica muy parecida, a principios de la década de los 80 en el siglo pasado, pasando el Reino Unido de Gran Bretaña por una crisis económica marcada por un caos en las cuentas públicas y en el Déficit del Estado junto a un elevadísimo desempleo, el Gobierno conservador de Margaret Thatchert se enfrentaba a una crisis de confianza respecto a las políticas de contención del gasto y ortodoxia financiera que intentaba aplicar. Amplios sectores de la opinión pública, de la oposición laborista e incluso dentro de su propio partido (los llamados "wets") le pedían un viraje o cambio en su política económica. En una Conferencia Política de los conservadores, la primera ministro lanzó una frase que todavía resuena llena de fuerza y coraje: "A todos aquellos que piden un cambio de rumbo o de viraje en los asuntos económicos, sólo les diré una cosa: Virad vosotros si queréis, la Dama no es partidaria de virajes"....y no se equivocó. El legado de los gobiernos de Thatcher consistiéron en una sociedad más próspera, más fuerte y más competitiva.
No nos dejemos engañar, un acuerdo nacional que otorgue fuerza a la limitación del gasto público, centrándolo en aquellas partidas necesarias, y atajando un déficit demoledor, tendrá todo el apoyo. Ahora bien, consensuar una política de gasto (que es deuda a liquidar más tarde ojo) y retornar al pasado, no, no y no. Usando las palabras de Margaret Thatcher: que cambien ellos, la realidad bien que nos convenció.
