Santiago Beltrán. Abogado.
Se ha presentado en público la enésima reforma de la ley orgánica del poder judicial, y se ha hecho con la rimbombante denominación de la ‘justicia del siglo XXI’.
Lo primero que llama la atención, pensando que es una reforma pretenciosa que aspira a cumplir cien años, es que nace con catorce años a cuestas, lo que la convierte en una ‘zagala’ (por que todo lo relacionado con ella es femenino: reforma, ley, justicia) muy crecidita y con escasa formación, puesto que, al venir al mundo tan tardíamente, se ha perdido la fase preescolar, los estudios primarios y prácticamente toda la secundaria. Con lo cual, ya empezamos mal o incluso, peor, porque a ver quien es el guapo que la reconduce, viciadita como viene.
Lo segundo, es que a falta de buenas enseñanzas, mantiene todos los defectos antiguos y confirma que todo lo malo es susceptible de empeorar, y mas si es Gallardón quien dirige la función. No puede ser bueno, y mucho menos si nos la ofrecen con vistas a cien años, que lejos de separar a los jueces de los gobernantes o políticos en particular, se les una en indisoluble unión, por los siglos de los siglos, y sin derecho a divorcio, que tiene narices. Ahora no solo se eligen para gobernar de entre los jueces a aquellos más afines y sumisos a las ideologías imperantes (fundamentalmente dos, aunque en ocasiones es difícil distinguirlas), con cuotas de poder digitalizadas y teledirigidas desde el poder político de turno, sino que además, para mayor ‘independencia’ e ‘imparcialidad’, las asociaciones de jueces y magistrados, podrán ser financiadas con fondos públicos y privados, siendo el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el que reglamente como destinar los fondos que se entreguen a las mismas.
Para hablar claro, que los partidos políticos seguirán designando a sus más fieles para que dirijan a los jueces y, a partir de la reforma, cerrando un círculo perfecto, van a ‘comprar’ con subvenciones públicas y ‘privadas’ a las distintas asociaciones de la magistratura, para que ninguna se les rebele excesivamente, no sea que se queden sin fondos públicos y ‘privados’. Por cierto, a partir de este momento, la imparcialidad e independencia de los jueces con los asuntos que afecten a los donantes privados será ejemplarizante. No nos cabe ninguna duda.
Lo tercero, es de espectáculo circense, ya que Gallardón ha conseguido el más difícil todavía. Según la indocta reforma, los jueces que hasta ahora se sentían atacados, en su función de juzgar y ejecutar los juzgado, sin poder hacer nada contra sus detractores (básicamente los ciudadanos y eso que se ha venido denominando el cuarto poder o medios de comunicación), ya no tienen de que preocuparse.
El nuevo poder de la justicia, gracias al gran benefactor Gallardón, les da amparo y seguridad, y confort, mucho confort. Ya se han acabado las críticas. A los jueces se les respeta y punto, y si alguien osa discutirles alguna resolución judicial, no tienen más que acudir a la moderna ‘inquisición’ del siglo XXI en la que se ha convertido al CGPJ, que como poderoso ‘primo de zumosol’ les apartará a las moscas cojoneras de la prensa o de la opinión pública, y si aun así persisten, cual impenitentes herejes o endemoniados, se les aplicarán los tormentos del infierno, en forma de imputación penal por la comisión de un delito contra la Administración de Justicia. Tres hurras por el redivivo ‘Torquemada’, resucitado en forma de Ministro de ‘Justicia Divina’.
Lo último a reseñar, de momento, hasta que tengamos tiempo de indagar en el fondo de la reforma judicial (al fin y al cabo es solo un anteproyecto), si que es propio de los tiempos actuales, más concretamente de la nueva televisión y sus infumables ‘realitys’. Me refiero a la creación de la nueva figura de un órgano colegiado de tres jueces par resolver aquellos casos mas complejos, que suelen coincidir con los más controvertidos, en los que casi siempre hay políticos implicados. La instrucción conjunta de estos asuntos puede convertir las unidades judiciales en el camarote de los hermanos Marx, como hoy definían el invento en la prensa nacional, en un ‘sálvame de luxe’ judicial, con audiencia garantizada. Lo más de lo más. Sino, al tiempo.
La ampliación del aforamiento a determinadas autoridades y otras cuestiones interesantes, incluso positivas, las dejaremos, por razones de espacio, para futuras columnas.
