Santiago Beltrán. Abogado.
4 de mayo de 2006. En Moncloa, el Presidente del Gobierno está reunido con el Presidente del PNV, Josu Jon Imaz. El objetivo de la visita es trascendental para que se cierre la negociación política con ETA, y que dicho éxito pueda ser rentabilizado por ambos partidos, aunque ello pueda suponer un desgaste electoral importante para el partido que gobierna las Vascongadas, el PSE, y un escarnio inasumible por las víctimas del terrorismo.
El mismo día y prácticamente a la misma hora, un dispositivo de la Policía Nacional, en el curso de una investigación judicial dirigida desde la Audiencia Nacional, está a punto de echar el guante a la red de extorsión de la banda terrorista y a todos sus colaboradores y enlaces, entre los que se encuentra Joseba Elosúa, dueño del Bar Faisán, y sobre todo, Gorka Aguirre, destacadísimo miembro del partido nacionalista vasco, sobrino del primer lehendakari, José Antonio Aguirre y yerno de Luís María Retolaza, el que fue consejero de interior del Gobierno vasco durante ocho años.
Ese mismo día -materializando lo gestado durante la noche anterior, por el Director General de la Polícia Nacional, García Hidalgo, el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Pamiés, con el beneplácito del Secretario de Seguridad del Estado, Antonio Camacho, brazo derecho de Rubacalba-, Ballesteros, inspector de la Brigada de Información en Álava, ejecuta materialmente las órdenes recibidas, entra en el Bar Faisán, entrega el teléfono a Elosúa, para que Pamiés, al otro lado del hilo, culmine el chivatazo.
Se aborta, con ello, en una primera instancia, la operación policial que hubiera concluido con la detención del operativo de extorsión y chantaje de ETA –lo cual posteriormente se lleva a cabo igualmente, a pesar de haber puesto en riesgo años de dura y ejemplar investigación-, pero sobretodo, se evita que los enlaces políticos, mensajeros voluntarios y colaboradores materiales de los terroristas, sean pillados in fraganti y detenidos.
Hasta ahí los hechos. Siete años después se juzgan los mismos. Hoy no interesa prácticamente a nadie. Los que estuvieron ese día en Moncloa, sabedor el anfitrión que no procedía disgustar al segundo con una detención indeseada, pasado el tiempo, han abandonado la política –uno dedicado a la vigilancia de nubes y viviendo del retiro dorado que es el Consejo de Estado; el otro aprovechando las ventajas de la jubilación política, colocado en la empresa privada- y ya nadie les pedirá ninguna explicación sobre lo sucedido. Aguirre, por desgracia, criando malvas. Elosúa administrando el dinero de su negocios sucios en Liechtenstein; Camacho elevado y premiado por su jefe Rubalcaba a Ministro del Interior, a los pocos días de dimitir para dedicarse a preparar las elecciones generales, que acabaría perdiendo, hoy le suponemos que ejerciendo de su carrera fiscal; García Hidalgo, librado de cualquier clase de responsabilidad, civil o criminal, a pesar de que voces policiales autorizadas lo sitúan como el responsable político del chivatazo -su número de teléfono personal se encontró en poder de dos terroristas detenidos en mayo de 2007-; Pamies y Ballesteros, en el banquillo de los acusados, seguramente absueltos, o posteriormente indultados. El entonces Ministro del Interior, el único en activo políticamente, comiendo faisán, mientras el partido que dirige se disuelve como un azucarillo en el agua, envuelto en corrupción y falto de cualquier alternativa al gobierno popular, a las puertas del mayor desastre electoral de su historia.
Uno de los mayores escándalos políticos de la democracia española –solo comparable con el Gal, la otra hazaña del PSOE-, pasará con más pena que gloria, y ninguno de sus de ideólogos, como siempre, sufrirá consecuencia alguna. Aunque, al parecer, esta es una noticia, que a casi nadie le interesa.
