Santiago Beltrán. Abogado.
Es cierto que algunos aspectos de la nueva ley de seguridad privada ofrecen mayores garantías a los ciudadanos, sobre todo en el ámbito judicial, a nivel probatorio, porque toda investigación privada debe estar previamente contratada, comunicada al Ministerio de Interior y figurar en un informe final para que vincule al Juez, el cual podría declararla nula y sin efecto, en caso de incumplimiento de dichos requisitos.
Sin embargo, es muy preocupante que la propia Administración pueda contratar detectives privados para, pongamos por caso, investigar a su propios trabajadores o funcionarios, o en general, controlar o hacer seguimientos que hasta ahora solo podían realizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
No menos peligroso resulta el hecho de que cualquier organismo público pueda usar a vigilantes privados, como apoyo o complemento de la acción policial. No será extraño ver, a partir de ahora, como el mantenimiento del orden y el control de las manifestaciones es ejecutada por estas empresas de seguridad privada, en colaboración con los agentes públicos.
Tampoco va a ser extraño ver a estos agentes privados ejerciendo sus funciones paseando por las calles como policías, cuando hasta ahora no podían trabajar en la calle, sino solo en el interior de edificios, locales, polígonos y urbanizaciones privadas, y que bajo el paraguas del ejercicio de su cargo y funciones, o la excusa de la comisión de un delito flagrante. puedan realizar detenciones en la vía pública.
Lo que ya es de nota es que estos empleados privados puedan llevar a término, legalmente, labores de vigilancia del perímetro exterior de las cárceles.
Y si todo lo anterior lo aderezas con una rebaja considerable de los requisitos exigidos hasta el presente para acceder a la profesión de vigilante de seguridad, tienes el guiso perfecto, para que te dé una infarto cada vez que salgas a la calle. Ahora las exigencias físicas para ser vigilante privado se han rebajado considerablemente, no es necesario tener la nacionalidad española o de algún país miembro de la UE, ni tener una hoja de antecedentes penales inmaculada, ya que la ley solo considera un impedimento contar con antecedentes por delitos dolosos y por intromisión o vulneración de derechos fundamentales, aunque sólo durante los cinco años anteriores. Que nadie se escandalice si algún día nos encontramos que nos está vigilando un asesino confeso o incluso, pidiéndonos la documentación un terrorista arrepentido.
En definitiva, que prácticamente cualquiera podrá acceder a la profesión y hacerlo no solo para empresas privada o particulares, sino para la misma Administración pública. No es ninguna sorpresa observar como se ha producido un auténtico ‘boom’ de matriculaciones en los cursos que te pueden permitir ser un colaborador policial.
Parece ser que el Estado no tenía suficiente con haberse dotado de legitimidad para ‘pegar patadas en la puerta’, sino que lo que buscaba era darnos, directamente, una ‘patada en el culo’, y hacerlo como si no fuera con él la cosa, utilizando, en lugar de policías a los popularmente conocidos ‘seguratas’. Por supuesto que a un precio económico muchísimo menor, ya que siempre es más caro pagar a un funcionario que a una de estas empresas de seguridad, aunque el precio de nuestra tranquilidad salga claramente perdiendo.
Igual es que nos merecemos todos lo que nos está pasando y no somos conscientes de ello.
