Rafa Cerdá Torres. Abogado.
Ya está. La hoja del calendario remarcada en rojo con varios círculos, ya ha transcurrido. El 11 de septiembre o la Diada Nacional de Catalunya, retuvo durante sus 24 horas de existencia todo el protagonismo mediático y social que durante las semanas previas, se ha estado cocinado en el seno de colectivos cívicos de corte soberanista, partidos políticos y en los centros de poder de la Generalitat catalana. La cadena humana que conectó el norte del Principado con su punto más meridional, la conocida como Via Catalana per la Independència, consiguió concitar la adhesión de centenares de miles de personas. Casi todo aquél o aquélla con un mínimo palpito soberanista o independentista se unió a la cadena, un gran éxito de convocatoria popular. Sin duda alguna. Pero un proceso político como el que esté en ciernes no se vincula a manifestaciones populares, que si bien son un ejemplo de expresión de un sentir colectivo, no son el cauce para aplicarlo, siempre dentro de un Estado Democrático de Derecho que se encuentra recogido en la Constitución.
El dilema que se plantea por parte de los sectores separatistas en apariencia, es muy claro: si una parte considerable de la sociedad catalana no se siente española, que se creen las condiciones para que un plebiscito decida si el territorio catalán permanece dentro de España (de la que forma parte insoslayable desde hace más de cinco siglos) o bien se desvincula de la misma para crear una entidad política diferenciada. En apariencia, repito el planteamiento es impecable. Con una ponderación más reposada, la consecución de este proceso es atroz. En primer lugar, su simple planteamiento salta por los aires todo el andamiaje constitucional. TODO. Por la sencilla razón que la Constitución plantea en su artículo primero la unidad del Estado y la soberanía del conjunto de sus ciudadanos los pilares de todos los planteamientos que en ella se contienen. Si se decidiera convocar el referéndum o consulta, una impugnación ante el Tribunal Constitucional revocaría la normativa que permitiera la celebración de la consulta (al menos en un plano teórico).
Pretender que una parte del Estado pueda decidir sobre el resto, dígase como se quiera pero es un atropello legal a todas luces. La constitución posee sus mecanismos de reforma, que se consigan las mayorías necesarias y que se permita en su caso, que los territorios planteen consultas al estilo que se están discutiendo tan acaloradamente. El punto débil de los dirigentes políticos que encabezan el movimiento secesionista se centra en este punto: la Comunidad Internacional no aceptará un "Estado" que se proclame soberano al margen de la legalidad nacional de la que forma parte en primer lugar, y de los procedimientos que se contemplan en la Carta de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Si no siguen esa hoja de ruta, sus proclamas quedarán para discursos de mítines, o bien (y es el extremo más indeseable) que se llegue al enfrentamiento social como acontece en el País Vasco (donde los ciudadanos no nacionalistas eran masacrados por terroristas), escenario que también da pavor en estratos políticos de Barcelona.
Personalmente estoy a favor de la celebración de la consulta. Y en el caso que se produjera mi voto se decantaría por el NO a la independencia en el caso de ser ciudadano catalán. Pero siempre como resultado de un ordenamiento jurídico que hubiera previsto este escenario de consulta popular, tras la reforma constitucional correspondiente. Hasta que ésta no se produzca, calma, firmeza y...legalidad.
