Santiago Beltrán. Abogado.
La Administración central del Estado gobernada por el Partido Socialista, que en Valencia votaba a favor de la reforma de la ley de caza valenciana y se situaba en el bloque ‘pro parany’, en Madrid movilizaba a todas sus tropas, incluido al muy ‘verde’ Presidente del Gobierno, quien presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma autonómica, esgrimiendo la competencia estatal en la materia, al tratarse –la liga- de un método prohibido administrativamente que podía afectar a principios básicos medioambientales, como la protección de la fauna.
Nadie creyó que una ley de tan escasa trascendencia, donde apenas se modificaban dos artículos de la legislación cinegética valenciana, y se incluían aspectos tan obvios como tener por tradicional un arte de caza que lo había sido siempre y citar el ‘parany’ de forma específica, entre aquellos métodos de captura que necesitaban de un desarrollo reglamentario posterior, precisamente para garantizar su ajuste a las exigencias de selectividad de la legislación europea y estatal, podía llegar a molestar de tan gran manera, que mereciera tanto esfuerzo de oposición para impedir que fuera efectiva y entrara en vigor, al punto de aunar las voluntades del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Estado, la Presidencia del Gobierno de la nación y el Tribunal Constitucional, como máximo órgano jurisdiccional del Estado.
Todo, para que, apenas dos o tres mil practicantes, repartidos en cuatro provincias y dos comunidades autonómicas, no pudieran acceder a unas autorizaciones administrativas, que les permitieran en condiciones perfectamente controladas y restrictivas, dejar de ser furtivos y poder respirar con tranquilidad, sin la espada de Damocles sobre sus cabezas, por hacer lo que desde el albor de los días habían hechos todos sus antepasados, o incluso ellos mismos. Era sencillamente como matar moscas a cañonazos, aunque éstas fueran un tanto cabezotas y cojoneras.
El Constitucional suspendió cautelarmente la legalidad del ‘parany’ en mayo de 2010, apenas 4 meses antes de que hubiera dado tiempo a reglamentar la práctica y conceder las primeras autorizaciones legales de ese año. Se evitaba de esta forma, por vía de urgencia, que los ‘paranyers’ se apuntaran un éxito sin precedentes, y además, de forma artera y clandestina se aprovechó la reforma penal en marcha, para introducir una modificación del artículo 336 del Código Penal (CP), aquel que hasta entonces no había servido a los fines de la causa ecologista, porque no pudo conseguir la condena de ningún cazador en más de 300 causas abiertas hasta entonces.
El mensaje del ‘lobby’ verde era claro y mortífero: si las leyes no habían podido convertir en delito una actividad que nunca había pasado de ser una tradición milenaria sin regulación administrativa, debían cambiarse, de forma que se confeccionara un ‘traje a medida’ para que, esta vez sí, nadie pudiera escaparse del yugo judicial penal. La sociedad no reclamaba entonces, ni lo hace ahora, ni lo hará nunca, que la práctica del ‘parany’ sea criminal, pero artificialmente podía forzarse la máquina para ajustar cuentas pendientes con sus irreducibles practicantes. Supongo que la cuestión era tan sencilla como preguntarse que era lo pernicioso del ‘parany’ que pudiera estar prohibido, salvo excepciones, por las distintas legislaciones, y darse cuenta que era la liga por su, en principio, falta de selectividad, para, inmediatamente, introducir en el artículo del CP las palabras mágicas que dieran consistencia a la tipicidad penal.
A partir de 2011 cazar sin autorización utilizando medios no selectivos, comparables en su indiscriminación a los venenos y explosivos, sería un delito contra la fauna y el medio ambiente, aunque no se afectara a uno ni al otro. Solo el riesgo de tener preparado con varetas con liga un árbol, con independencia a si se producían capturas o no y si las mismas fueran de especies cinegéticas (permitidas) o protegidas.
El simple hecho de tener dispuesto el ‘parany’ se había convertido, por ‘arte de birlibirloque’, en un hecho execrable que precisaba de la máxima respuesta del Estado, a través del CP, y a los ‘paranyers’ en criminales peligrosos que debían ser reprimidos, reducidos y eliminados de la faz de la tierra. En realidad solo de nuestro territorio, porque nuestros vecinos franceses podían seguir usando la liga para cazar tordos, con el permiso, la aquiescencia y el beneplácito de sus autoridades patrias, de la misma Comisión europea –que habían condenado a España años atrás por hacer lo mismo que hacían los tolerados galos- y de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas del orbe mundial, tan beligerantes con los indefensos y pacatos hispanos, y tan sumisos y entregados con los poderosos descendientes de Napoleón.
Posiblemente el hecho de que nuestros vecinos del norte, con Bonaparte a su cabeza vertebraran nuestra actual Europa, entre otras cosas, a través de la codificación jurídica continental, tenga que ver con esta suerte de privilegios de los que vienen gozando en estos últimos doscientos y pico años, al contrario que nuestras primitivas huestes nacionales, que en su día rechazaron, a sangre y fuego, como paletos orgullosos, la ilustración y la revolución industrial que se nos ofrecía desde la Europa avanzada y dominante.
Supongo que hacerse respetar durante tantos siglos consigue que los demás lleguen a apreciarte y valorarte en su justa medida, aunque sean enemigos acérrimos de tus prácticas y costumbres ancestrales. Tal vez, esta sea la razón por la que la ‘cabane’ francesa esté actualmente rebosante de salud y el ‘parany o ‘barraca’ española dando sus últimos coletazos. Y quizá, también por ello, el ‘lobby’ ecologista tenga verdadero pavor de meterse con los irreductibles galos y les resulte mucho más sencillo hacerlo con aquellos que han tenido durante siete años, como máxima autoridad política a un supervisor de nubes acostado en un hamaca, al que no le pertenece la tierra que gobierna ya que ésta es del viento y de sus amigos de las energías verdes.
