Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Cuando Fabra cerró Canal 9 muchos aprobamos tal iniciativa, que parecía obedecer a una política de contención del gasto público. Y le insinuamos otros entes que deberían seguir la misma suerte, entre ellos el Consell de Cultura, la AVL y el CJC. Pero en Burjassot se paró la burra, que subió a los montes para cortar la señal de Catalunya Ràdio y ahora propone Serafín Castellano el cierre sólo de la Academia. Con lo que tales cierres persiguen un objetivo más allá del ahorro. Se trata de un cierre selectivo de todo aquello que huela a catalanismo, una especie de limpieza étnica pro-blavera.
El infame dictamen del CJC es todo un indicador de que debe ser cerrado un ente que, en vez de asesorar al gobernante, se ha convertido en un gabinete de belleza jurídica, cuyo fin es dar visos de legalidad a la arbitrariedad del poder político. Cuando unos supuestamente expertos juristas no saben distinguir entre cuestiones jurídicas y semánticas -y es semántica lo que está en el alero- es que además de saber hacer la o con un canuto, saben hacer la i con un palillo, pero no dónde hay que poner el punto. Y el punto, señores juristas, hay que buscarlo en el Diccionario de la RAE, donde dice bien claramente que el valenciano es la “variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia.”
El CJC al negar a la Academia su capacidad para definir, en consonancia con la RAE, el significado del vocablo valenciano como lengua, está haciendo una interpretación fraudulenta del Estatut y de la Ley que creó la Academia recurriendo a su alicorta y doméstica historia de dictámenes, donde en forma de bucle tautológico se remite el término valenciano al vocablo valenciano que aparece en tales textos legales sin aclarar su contenido, cosa que sí hacen la Real Academia Española de la Lengua y la AVL. Al ser la semántica una auxiliar del derecho, no puede el jurista invadir el campo de aquélla cambiando el significado de las palabras, que es lo que, bajo el disfraz de leguleyos, hacen los juristas del CJC.
Fabra debe seguir cerrando chiringuitos sin mirar tendencias ideológicas ni lingüísticas. Si no lo hace, habrá que interpretar que el cierre del Canal 9 sólo fue el primer paso de una política de limpieza étnica anticatalanista. Previo al cierre, cortaron la señal de TV3, impidiendo el derecho de audiencia como en un estado norcoreano y totalitario, al tiempo que montaron el pollo en Les Corts para presionar a la RAE y exigirle modificar su diccionario. Todo estaba tramado. Quienes somos beligerantes contra la limpieza étnica del fascismo catalanista y secesionista vamos a tener la misma beligerancia contra el secesionismo lingüístico, no menos fascista, del valencianismo blavero.
Con esta maniobra el PP valenciano ahonda su ya iniciada fosa. Hasta que no desapareció el blaverismo del escenario político, el PP no consiguió tocar poder en las instituciones valencianas. Con el regreso de los blaveros, el PP se va a la oposición para muchos años. Se lo ha ganado. ¿Y si al final los blaveros estuvieran trabajando para el PSOE? Así se entiende que los socialistas estén medio calladitos en este asunto. Otros le hacen el trabajo, y ellos a esperar que la breva por su propia madurez les venga directa a las manos desde la higuera. Ayer Císcar pedía serenidad. Hace falta ser caradura que quien prendió fuego a la mecha pida ahora el armisticio.
