Juan José Pérez Macián. Concejal delegado del Área de Gobierno de Hacienda, Modernización y Administración Municipal del ayuntamiento de Castellón.
Cuando en noviembre del pasado año Corporación Municipal y Sindicatos comenzamos a negociar el nuevo acuerdo colectivo para los empleados públicos del Ayuntamiento de Castellón, parecía imposible el consenso. Las dos primeras sesiones de la negociación resultaron tensas y difíciles. Los planteamientos iniciales eran radicalmente distantes. Tras varias sesiones más, acercar posturas parecía misión imposible. Durante diez meses, afrontar cada jornada de viernes teniendo ante nosotros tres, cuatro o cinco horas seguidas de debate, fluido alguna vez, pero denso y pesado en la mayoría de los casos, era verdaderamente estresante. Y lo era precisamente porque se avanzaba poco o nada y el bloqueo era la tónica. En esa dinámica, resultaba frustrante el esfuerzo que realizábamos todos.
Lógicamente, los representantes sindicales han estado defendido con todos los argumentos a su alcance los derechos de los trabajadores, los logros disfrutados durante los tiempos de bonanza económica, mejoras retributivas, de conciliación de vida laboral y familiar, beneficios de ayuda social... Es su obligación.
Quienes representamos al equipo de gobierno en la mesa negociadora teníamos unos objetivos fundamentales, a destacar: el cumplimiento riguroso del cómputo anual de horas establecido legalmente para los servidores públicos; la reducción a la mínima expresión posible de la realización de horas extraordinarias altamente costosas para las arcas municipales, mediante la racionalización y mejor organización de los servicios que determinados colectivos prestan generando hasta ahora el mayor volumen de extraordinarias; y la racionalización y reducción del gasto en ayudas sociales mediante una distribución más justa y proporcional de las mismas a las verdaderas necesidades.
Pese a las dificultades de un escenario económico adverso, pese a un clima de serio distanciamiento inicial, tras diez meses de negociación, hemos podido alcanzar un acuerdo y consensuar un texto con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 mediante el cual corporación y funcionarios entendemos habernos encontrado en el espacio común que juntos podíamos y debíamos acondicionar para una paz social en momentos de crisis y carencias. En esa voluntad de acuerdo ha permanecido en todo momento la responsabilidad asumida por todos de que estamos al servicio de los ciudadanos, y esa vocación de servicio no puede de ningún modo decaer o ser puesta en riesgo o duda.
Así, el alcalde Alfonso Bataller, CCOO, UGT y CESIF, -que juntos representan al 90% de la plantilla funcionarial municipal- suscribieron este pasado viernes el texto de este acuerdo que incluso recibió los beneplácitos del representante del Bloc. El Psoe, por su parte, ni está ni se le espera. Se ha quedado aislado en la soledad de su talante. Un talante que digiere mal que las cosas vayan bien.
