Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
El Grupo Municipal Socialista de la Vall d’Uixó hemos denunciado esta semana, y no es la primera vez que lo hacemos, la nefasta, arbitraria y sectaria política de personal que se practica en nuestro ayuntamiento. Una política de personal que empezó en el minuto 0 en que Bonig entró como alcaldesa y que ha perdurado en el tiempo, con Clavell.
Una política de personal revanchista, sin argumento y sin razón. Que está costando muchísimo dinero al ayuntamiento. Claro, como no es SU DINERO, sino que es el de los valleros y valleras…
En sentencia de 4 de marzo de este año, el TSJCV ha anulado un acuerdo plenario de septiembre de 2011 que aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla de personal.
Ese acuerdo, aprobado con la mayoría absoluta del PP fue la culminación de esa decisiones políticas basadas en el revanchismo, en el sectarismo y absolutamente arbitrarias. Se despedía a emplead@s municipales y se degradaba a otr@s, bajándoles los sueldos y retirándoles responsabilidades; para dárselas a otr@s empleados municipales que resultaban más “cómodos” para el PP.
Las peores decisiones que se pueden tomar. Y que los tribunales van recordando, sentencia a sentencia. Y está bien que lo hagan. Y que se restituyan los derechos a aquell@s a los que se los arrebataron por una cuestión de “comodidad”. Lo dice la sentencia, no lo dice el partido socialista. Aunque lo compartimos.
En un Estado de derecho, la arbitrariedad y el revanchismo no deben justificar ninguna decisión que se toma en la administración pública, puesto que lo que debe primar, a la hora de tomar decisiones políticas, es el interés general y el cuidado y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
Justo lo que no hacen en el ayuntamiento de la Vall.
Claro, que los del PP local, deben pensar, “presuntamente”, que, con el dinero de otros, pueden tomar decisiones que les permitan vivir más cómodos y que “nadie”, por muy empleado público que sea, va a impedir que se tomen esas decisiones.
Afortunadamente estamos en un estado de derecho y lo que ha pasado y está pasando en la Vall, en la concejalía de personal, está siendo vapuleado por los tribunales, dando la razón a aquell@s, a l@s que la “sinrazón” del PP vulneró sus derechos como empleados públicos.
Lo peor de esto es que, las consecuencias de esta nefasta forma de hacer política, revanchista y sectaria, partidista y partidaria, y muy irresponsable, las pagamos las vecinas y vecinos de la Vall, a los que el PP les expolia los bolsillos con un IBI escandalosamente alto para pagar los desmanes fruto de una gestión municipal que nada tiene que ver con el interés general, que nada tiene que ver con mejorar nuestro municipio y que nada tiene que ver con mejorar el futuro de los valleros y valleras.
