Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
A partir de la instauración de la democracia en nuestro país y de la organización territorial que establece nuestra Constitución, se ha definido un modelo de administración local cuya base fundamental son las instituciones, democráticamente elegidas, representativas de núcleos territoriales de población, por lo que deben estar dotadas de autonomía, es decir de capacidad para decidir y gestionar. Así lo establece nuestra Constitución.
Ese concepto de autonomía local es absolutamente fundamental. Y en la Constitución encuentra su fuerza. Esto ha permitido y posibilitado la transformación, el desarrollo y la prosperidad de los pueblos y ciudades y, por tanto, de los ciudadanos. La democracia en el ámbito local convirtió a los pueblos y ciudades en el primer espacio de participación ciudadana. Hizo la administración accesible a la ciudadanía y sin la existencia de esto, no podría entenderse el Estado del Bienestar. Los ayuntamientos se convierten en la primera puerta a la que llamamos cuando necesitamos de nuestras instituciones públicas. Y los ayuntamientos, gracias a su capacidad de decisión y de gestión, en su propio ámbito, han tenido la capacidad de respuesta necesaria.
Esto es lo que el PP, con su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, quiere dinamitar. La autonomía local. La posibilidad de que los ciudadanos tengan una respuesta pública cercana y rápida a sus problemas.
Se escudan, como en tantas otras cosas, en la crisis económica. Pero, una vez más se les ve “el plumero”. Se trata de una reforma ideológica también. Pretenden unos entes locales con competencias cada vez más limitadas, que presten unos servicios obligatorios, cada vez más reducidos, sin autonomía política (sin poder de decisión), tutelados por otros niveles administrativos, sobre todo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro y sus brillantes ideas), y sin previsión alguna de mejorar la financiación local.
Pretende el PP reducir al máximo la prestación de servicios municipales, considera la iniciativa económica local como subsidiaria, a favor siempre de la iniciativa privada (la derecha de siempre), y que las Diputaciones, de una manera forzosa presten los servicios obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes (casi el 95%), y sólo podrán reclamarlos los municipios si, atendiendo a criterios únicamente economicistas, son capaces de prestarlos a un menor coste (sin valorar otras cuestiones, como la calidad). Un auténtico despropósito.
Esto significa una rotura del principio democrático: decidirán aquellos que no son elegidos directamente por la ciudadanía. El PP pretende una reforma que sacrifica la calidad democrática de las instituciones locales en aras de una “pretendida” eficiencia.
Por todo ello, por considerar que pretende vaciar de contenido la palabra ciudadan@, por considerar que es un atentando a los derechos democráticos de las personas y por considerar que aleja las decisiones, las gestiones y, por tanto, las soluciones de las personas, decimos NO a la reforma local del PP.
