Susana Ros. Diputada socialista por Castellón en el Congreso.
L@s ciudadan@s ya han comprobado que el Gobierno del PP ni ha mejorado la situación de la economía ni la del paro, sino todo lo contrario. No lo dice el Partido Socialista, basta ver la opinión de los españoles en las encuestas del CIS, los datos de la EPA y las propias previsiones económicas del Gobierno de aquí a 2015.
La realidad hace caer también el mito de que el PP es un partido unido con un discurso único en cualquier lugar de España. Así lo acreditan muchas de las cosas que están pasando, en los últimos días. Un Presidente del Gobierno que se empeña en no querer oír hablar de renegociar el actual sistema de financiación autonómica, se ve urgido a hacerlo por algunos de sus propios barones. Le plantan cara ante el desequilibrio territorial, pero también por medidas injustas que hasta los suyos le cuestionan.
El Presidente de La Xunta, Feijoo ha anunciado una bajada del IRPF para las rentas de menos de 17.700 euros. Y Rajoy continúa sin cumplir su compromiso de no aplicar ya en 2014 esta subida que hizo en 2012.
La Reforma de la Administración Local también ha causado división y confrontación entre el PP. Esta reforma supone un nuevo hachazo al Estado de Bienestar ya que los ayuntamientos perderán competencias esenciales como los servicios de proximidad, que van a ser más caros y menos eficaces para los ciudadanos. El Partido Socialista no va a participar en una pantomima. No se trata de un problema de hacer culpables a los ayuntamientos de la crisis que justamente son los que más están haciendo los deberes de atención a los que más necesitan del Estado. Más del 80% de los cargos en los ayuntamientos no perciben ninguna compensación económica. No se puede hacer tanta demagogia a costa de querer privatizar servicios públicos como es lo que pretende realizar este Gobierno.
Y también ahora, el Gobierno se dedica a atacar a los parados. No tienen bastante con la desesperación diaria de buscar y buscar que ahora el Gobierno les insulta. La Vicepresidenta del Gobierno sigue sin explicar por qué acusó falsamente a medio millón de personas de fraude en la percepción de prestaciones de desempleo. Es una frivolidad, insensatez e insensibilidad con los que peor lo están pasando. Es grave que el Gobierno mienta de nuevo a sabiendas y pretenda transmitir un mensaje equívoco de que los desempleados son defraudadores cuando los que sí lo son se han beneficiado de la amnistía fiscal que les ha facilitado el PP. Si buscan defraudadores que pregunte en la calle Génova cuántos dirigentes del PP cobraron en b en los últimos 20 años.
