La Plataforma, que agrupa a los 600 docentes asociados, expuso ante el órgano universitario sus condiciones laborales precarias
Castellón Información
Los más de 600 profesores asociados de la Universitat Jaume I, agrupados en la Plataforma de profesorado asociado, vuelven a mostrar su malestar ante las medidas anunciadas por la rectora de la UJI, Eva Alcón, ante el claustro celebrado recientemente en el que se anunciaron las líneas de actuación del próximo año 2021. En este anuncio, Alcón explicó entre otras medidas que propone reconocer la trayectoria académica de todo el profesorado, facilitar la promoción y la estabilidad del PDI. Pero para los docentes asociados será difícil cumplir con estos objetivos “si más de 600 profesores y profesoras son asociados y no se está haciendo nada para mejorar su situación presente”.
Desde la plataforma piden acciones concretas por parte de la UJI “ante la preocupante situación que seguimos viviendo” como así lo manifestaron en el citado claustro, donde señalaron que “desde el confinamiento la situación docente ha cambiado para todos. Los profesores asociados hemos tenido que adaptarnos con muy poco apoyo institucional. Hemos tenido que realizar muchas más horas de trabajo para cambiar la docencia a la no presencialidad y atender al alumnado, dedicar tiempo a la autoformación para dar el paso a la virtualidad teniendo que poner los medios personales y cargar con su coste. Todo ello supone un incremento del esfuerzo y los recursos que hay que dedicarle afectando tanto a la persona como a su entorno sin percibir ningún tipo de reconocimiento significativo por la parte institucional. Y esta situación continua en el presente curso con gran parte de la docencia online”.
Reivindicaciones de los docentes
Por este motivo, afirman desde la plataforma, “seguimos con nuestras reivindicaciones, puesto que no se ha producido ningún avance, siendo la universidad la parte patronal responsable de nuestra situación laboral”.
Y agregan que “el profesorado asociado ha demostrado responsabilidad y eficacia, dando respuesta al cambio de las necesidades docentes, pero no ha recibido ninguna justa compensación”. Por ello, señalan como principales reivindicaciones “una remuneración salarial justa y digna a igual trabajo, igual salario; el derecho a la promoción académica y a la carrera docente, una estabilidad laboral, exigiendo el cumplimiento de las sentencias del tribunal supremo que reconocen el fraude de ley en que han incurrido las universidades públicas; un reconocimiento pleno de derechos políticos, sociales y laborales que eviten discriminaciones y estamentos, actualizando las normativas a los nuevos estatutos y la firma de un convenio colectivo”.
