Santiago Beltrán. Abogado.
Hasta ahora sabíamos que los Estados vigilan continua y permanente a sus ciudadanos. También que las grandes compañías internacionales lo hacen a través de internet y sus buscadores. A nadie se le escapa que hoy vivimos en un mundo globalizado donde existen miles de grandes hermanos con ojos en todas partes para no dejar escapar a su control todo cuanto hacemos. Motivos políticos, comerciales, bélicos, industriales y otros millones de ellos, justifican que nuestra privacidad haya pasado de ser un derecho a un simple escaparate.
Claro que, hasta ahora, la vigilancia y el espionaje sobre nuestras vidas y miserias se ejercía desde el poder, del tipo que fuera, sobre el ciudadano individual, felizmente controlado.
Que ese mismo poder utilice para ejecutar sus fines y objetivos a otros ciudadanos, convertidos en chivatos y cómplices del totalitarismo que nos subyuga de forma tan sutil e imperceptible, solo lo podíamos esperar de regímenes dictatoriales como el nazismo y el fascismo del siglo pasado, o del comunismo del pasado y del presente más rabioso, como el de Cuba o el de Corea, por citar solo algunos de los ejemplos más populares.
Que se encuentre en Europa y se ejerza en España parecería increíble sino fuera tan verdad que incluso tiene la desfachatez de publicitarse a través de las agencias públicas y privadas de información, periódicos y medios de comunicación audiovisual en general.
Me refiero a la surrealista llamada por parte de algunos grupos ecologistas (SEO/BirdLife, Gecen y otros) a la creación de grupos de voluntarios para la vigilancia, control y denuncia de todos los ‘paranys’ activos de la provincia de Castellón, durante la próxima temporada de caza. Se trata de que determinados individuos se unan con el objetivo de perseguir, acosar y violentar la vida privada de muchos castellonenses que en su ámbito privado puedan estar en sus fincas de campo pasando unos días de vacaciones, desarrollando o no una actividad cinegética, que mor de intereses políticos ha pasado de estar autorizada ha convertirse en delito, cuando la sociedad de nuestra provincia nada haya exigido en este sentido. Como decían recientemente los máximos representantes de los ecologistas en los talleres trampa que se están celebrando en diversas localidades de la provincia, durante estos días, la modificación del Código Penal se había forzado para castigar conductas que no desaparecían a pesar de perseguirse administrativamente. Delito a la carta, traje a medida solo aplicado aquí y solo respecto de esta caza tradicional. Nada se dice o hace con otras como la red japonesa que los propios ecologistas utilizan para hacer pseudo-estudios científicos subvencionados por todas las Administraciones públicas, desde las europeas a las nacionales, incluidas las locales.
Los ecologistas europeos (como el año pasado, vendrán desde Grecia e Italia para perseguir a nuestros ‘paranyers’) centran todos sus objetivos en erradicar esta práctica, utilizando métodos como la aplicación de internet denominada ‘paranys maps’ para localizar las fincas con estos árboles preparados o el chivatazo privado para que las fuerzas de seguridad completen el círculo. Volvemos, como se aprecia claramente, a tiempos donde los vecinos se denunciaban entre ellos e incluso se institucionalizó la figura del comisario de zona, barrio o comunidad de vecinos. Pensábamos que los nazis, los comunistas de la Alemania comunista, la Cuba castrista, los guardias rojos de Mao, los fascistas de toda la vida, habían desaparecido y que podíamos estar mínimamente tranquilos en nuestros casas y con nuestras vidas. Pero es evidente que la historia es un círculo perverso que se repite inexorable y periódicamente.
Se imaginan a ese vecino del quinto revisando su correspondencia a la búsqueda de uno dinero opaco con el objetivo de denunciarlo al Fisco; o a esa asociación creada para perseguir infracciones y delitos de la conducción viaria, persiguiéndole con su coche allá donde usted vaya; a trabajadores cómplices con las autoridades laborales a la búsqueda de la economía sumergida.
Pues eso, una locura, un mundo inhabitable condenado a la desaparición, o a la supervivencia del más fuerte y poderoso.
¿Qué deberíamos hacer para defendernos de esta sinrazón, consentida, comprendida y subvencionada por los poderes públicos? Es una pregunta de difícil respuesta, pero que a nadie extrañe que la misma se encuentre en dar una réplica adecuada. Aquella que sea el antídoto que frene la enfermedad, la vacuna que erradique la plaga de la impunidad con la que algunos se dotan para justificar sus actitudes agresivas e invasivas.
Que nadie se lamente si se producen daños colaterales, porque la violencia solo engendra violencia, y cada uno es libre de interpretar y definir ese concepto tan difuso y manipulado.