Javier Fuster
La edil popular, Marisa Mezquita, ha desmentido esta mañana en rueda de prensa las declaraciones del alcalde de Vila-real, José Benlloch, que culpan al Partido Popular de las sentencias urbanísticas recibidas y futuras, que supondrán al ayuntamiento pagar un montante económico de siete millones de euros.
Mezquita ha querido destacar la importancia del PGOU aprobado en 1993 por el PSOE, en ese momento en el poder, que dotaba ciertas áreas como zonas verdes o como dotación educacional, que en su momento ocasionó la expropiación de varios terrenos a propietarios privados, bien por ocupación directa, o bien mediante acuerdos, en los que el Partido Popular, según explica la edil, y amparados por la ley, ofrecían terrenos por el mismo valor a los propietarios en zonas diferentes.
Este es el caso de las parcelas expropiadas para la construcción del CEIP José Soriano, por ejemplo. A los propietarios se les ofreció una parcela de igual valor dentro del PAI Carretera de Onda, previsto dentro del nuevo Plan General creado por el Partido Popular en el gobierno.
En el momento de entrar José Benlloch como alcalde, continúa la edil popular, y "a pesar de la insistencia del Partido Popular, Benlloch paralizó el nuevo PGOU", lo que propició que el propietario de dicha parcela, después de pasado el plazo de cuatro años, pidiera la expropiación por Ministerio de Ley, lo que supone una compensación económica que debe abonar el ayuntamiento. En ese sentido, la popular afirma que "es responsabilidad total y absoluta de José Benlloch que al paralizar el PGOU, no se pueda llegar a buen término".
Por último, la edil ha denunciado "la habilidad que tiene el alcalde para manipular la información y facilitarla de forma sesgada"; y ha recordado que "no consta sentencia alguna contraria al Ayuntamiento de Vila-real por ninguno de los espacios obtenidos mediante la fórmula urbanística de Ocupación Directa", y que "todo es fruto de la inacción del cuatripartito".