Más de 40.000 personas podrán reclamar indemnizaciones por las consecuencias de los seísmos del Proyecto Castor
La Plataforma Aplaca presenta la posibilidad de plantear demandas particulares con una defensa colectiva
Más de 40.000 personas podrían reclamar indemnizaciones por las secuelas materiales y emocionales que sufrieron como consecuencia de los seísmos ocasionados por el proyecto Castor. La Plataforma Aplaca, conformada hace un mes, ofrece la posibilidad de efectuar las reclamaciones mediante un proceso de demanda particular pero con defensa colectivo, respaldado por expertos internacionales
Esperanza Molina/ Castellón Información
Una resolución del Juzgado número 4 de Vinarós, que juzga las posibles responsabilidades penales de quienes llevaron adelante el proyecto Castor, del almacén submarino de gas, sin contar con los informes geológicos necesarios, ha abierto la puerta para los particulares y las instituciones puedan reclamar indemnizaciones por los daños materiales y emocionales sufridos por los seísmos, a que dieron lugar las inyecciones de gas.
En base a esta resolución, se ha conformado una Plataforma de Afectados, denominada Aplaca, que tiene como objetivo, canalizar todas las reclamaciones, individualizadas, pero a través de una defensa colectiva que imprima más fuerza y abarate los costes de esta lucha en la que “David se enfrentará contra Goliat”.
Según ha manifestado esta mañana Joan Ferrando, presidente y portavoz de Aplaca, la asociación quiere exigir el reconocimiento de los derechos de todos aquellos ciudadanos de las provincias de Tarragona y Castellón, q ue sufrieron estos daños. Según Joan Ferrando, se ha demostrado que las autorizaciones cursadas en el 2007 no contaron con los informes necesarios, que habrían avisado sobre los riesgos que acompañaban al proyecto. Se podría haber hecho una previsión de daños, se tendrían que haber estudiado los efectos sobre las fallas del terrenos, y se pasaron por alto los avisos que ya realizaron las asociaciones y colectivos que habitaban en la zona.
“Desde un primer momento, el Gobierno se ha olvidado de que, donde pretendían construir el Castor, vivía gente. No se contó con los ciudadanos para elegir el emplazamiento ni se nos pidió opción sobre lo que pensábamos sobre tener frente a nuestras costas y bajo nuestros pies un almacén de gas. No se recabó la participación ciudadana para informar la declaración de impacto ambiental del proyecto. Incluso se realizó una modificación de la línea de costas para que el proyecto cayera en una provincia u otra, sin contar con la sensibilidad ni la opinión de la ciudadanía. En este proyecto, las personas sobrábamos. Hasta que ha sido demasiado tarde y tanta desidia se convirtió en una catástrofe natural con efectos sobre las personas”.
Ferrando ha añadido, así mismo, “lo más importante es que el auto (del juzgado 4) reconoce expresamente el derecho a los ciudadanos a ser indemnizados por los daños materiales e inmateriales que pudieran haber sufrido por la inyección de gas sobre la plataforma del Castor. Y el juzgado lo hace de forma contundente: ‘Mediante los delitos contra el medio ambiente pueden causarse daños materiales y personales, sin perjuicio de la calidad de vida incluida en el bien jurídico protegido en tales delitos’.
El tema ha despertado el interés de entidades legales internacionales, como la Global Justice Network, que prestará su apoyo a la defensa de la causa. Los abogados, Carlos Villacorta, de BCV Lex y Stefano Bertone, han avalado también, esa mañana en rueda de prensa que las reclamaciones que se presenten pueden salir adelante, porque tienen una base legal reconocida, y hay precedentes legales.
Estas entidades internacionales se han especializado en reclamaciones similares en temas relacionados con el medio ambiente, en Holanda o estados Unidos, por poner un ejemplo; o en los daños inmateriales que se producen en siniestros como son los accidentes a gran escala, por falta de información o por mala gestión de estas crisis.
De momento, se ha creado la asociación, pueden formar parte de ella las personas que estimen que han podido ser dañadas por el proyecto Castor, suscribiendo una cuota de 10 euros; y a partir de ahí, y a través de un abogado de Vinarós, se presentarán las demandas, personales e individuales pero todas ellas con una defensa común. En lo que concierne a los gastos que se deriven de esa defensa, ese será otro tema a tratar cuando se conozcan.
La Asociación estima, que más de 40.000 personas podrían acogerse a estas reclamaciones, fundamentalmente los habitantes de las zonas de Tarragona y Castellón donde más se sintieron los terremotos. Otra cuestión será, cómo llegarán a demostrar los daños causados por el Castor, y de qué manera han alterado emocionalmente a quienes los sufrieron.
El presidente de Aplaca ha reconocido que no conocen cuantas reclamaciones se han presentado a las aseguradoras por los daños materiales sufridos, ni el importe a que ascenderían las mismas, ni las que han sido admitidas y abonadas. Pero ha indicado que estas personas también podrían acudir a esta vía de reclamación, para solicitar también el reconocimiento del daño emocional
Ferrando ha admitido además, que el procedimiento será largo, y no será fácil, por la entidad de las empresas que se encontraban detrás del Castor
