El Supremo ha desestimado los recursos de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional del 2013
El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional del 2013, que anulaba la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, del 2009, que acordó no realizar un Estudio de Impacto Ambiental sobre el Proyecto Castor, y concretamente, proyecto de conexión del sistema gasista con el almacenamiento subterráneo Castor, Tarragona-Castellón. Se desestiman por tanto los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, Enagas y Escal UGS, S.L.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Según un comunicado remitido ayer por el Poder Judicial, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, Enagas y Escal UGS, S.L. y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de abril de 2013, que anuló la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 23 de noviembre de 2009, por la que se acuerda no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de conexión del sistema gasista con el almacenamiento subterráneo Castor, Tarragona-Castellón.
La sentencia de la Audiencia Nacional anuló dicha resolución por entender que el proyecto de gasoducto debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un elemento inescindible e indisociable del almacenamiento.
La Sala de lo Contencioso-administrativo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, sin que resulte de recibo, en tal situación, rechazar al inicio el proceso de evaluación considerando la misma innecesaria, cuando otro trozo del gasoducto de similares características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.
En este sentido, añade la sentencia, según el comunicado, que no deja de ser significativo que en la resolución impugnada se formulara y aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, que comprendía tanto el almacenamiento propiamente dicho como una parte importante del gasoducto (el comprendido entre la plataforma marina y la planta de compresión y tratamiento de gas natural en tierra, en el término municipal de Vinarós).
En consecuencia, según la sentencia, al someter a evaluación medioambiental este tramo del gasoducto (8,7m) y no considerarla necesaria con su continuación (11,6 km), se produce una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto.
La Sección Quinta señala también, que la nota que figura al Anexo de la Ley se refiere “al fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico”, pero afirma que, en todo caso, constituye, al menos, una norma interpretativa que conduce a un sistema de evaluación ambiental de los proyectos, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento, y, por tanto, contraria al desmembramiento de los mismos, pues, es obvio que tal proceder resulta contrario a la idea básica del control medioambiental que la evaluación implica y que se proyecta o prolonga al ámbito jurisdiccional.
Después de analizar las resoluciones de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en relación con proyectos gasoductos durante el periodo de vigencia de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 2008, la Sala Tercera concluye que todas ellas aprueban Declaraciones de Impacto Ambiental de los respectivos proyectos de gasoductos, sin haberse detectado, por el contrario, resolución alguna de similares características a las de este caso.
Historia del proyecto Castor
Fuentes socialistas han afirmado en repetidas ocasiones, que las primeras gestiones para la construcción del almacén submarino de gas, denominado proyecto Castor, habrían sido iniciadas en el 2002, con el Gobierno de Aznar, del Partido Popular, ya que la infraestructura que aprovechaba el Castor había sido realizada cuando se autorizaron prospecciones para la búsqueda de petróleo, en las costas del Mediterráneo. Los resultados indicaron que las prospecciones no eran rentables y entonces se abandonó el proyecto, que fue aprovechado años después para el Castor.
Sin embargo, según aseguró Miguel Barrachina cuando se suscitó la polémica con los seísmos, el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era competencia exclusiva del Gobierno Central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente, respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 1º de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
La plataforma del Proyecto Castor empezó a operar, a modo de prueba, a finales del verano del 2013. En tan solo 20 días, y según confirmó el Instituto Geográfico Nacional, se apreciaron más de 500 seísmos en las costas de los municipios más cercanos a la planta, del sur de Tarragona y norte de Castellón.
El Gobierno paraliza la planta
Tras las quejas y denuncias se suspendieron las inyecciones de gas. Escal renunció a la explotación de la planta. El 3 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que establecía la hibernación de las instalaciones. Durante la hibernación, indicaba el Real Decreto, no se realizará ninguna extracción o inyección de gas, si bien añadía, que se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejaran o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.
En el mismo Real Decreto se aprobaba, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Se establecía la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. que sería también quien se encargará, durante la hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.
Reconocimiento de la inversión
Por último, el Real Decreto Ley establecía el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad, indicaba el documento oficial, sería abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L. Enagás adquiriría derechos de cobro del sistema gasista y amortizaría el pago durante un plazo de treinta años. El primer pago se realizará el 25 de abril de 2016. En resumen, que el coste del Castor sería pagado por todos los ciudadanos, a través de los recibidos del gas.
Si el cierre del Castor generó satisfacción, no sucedió lo mismo con la cláusula de indemnización y con el pago aprobado por el Consejo de Ministros. Según el Partido Socialista, el Gobierno del PP se había dado mucha prisa en pagar esa indemnización. Según los políticos del Partido Popular, los tribunales no habían aceptado los recursos interpuestos para no pagar, porque la indemnización fue aprobada por el Gobierno Socialista dentro de la legalidad y es jurídicamente vinculante.
En enero de este año, los entonces: portavoz socialista, Antonio Hernando, junto a los secretarios adjuntos del Grupo Socialista, Francesc Vallès –diputado por Tarragona-, José Luis Ábalos –diputado por Valencia-, Carmen Montón –diputada por Valencia- y el secretario de Reformas Democráticas del PSOE y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig –diputado por Castellón- presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, contra el Real Decreto-Ley 13/2014 de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, por el que se cerraba temporalmente el almacén de gas natural Castor -situado frente a las costas de Castellón y Tarragona- y se fija una indemnización de 1.350,7 millones de euros para la empresa concesionaria.
Frente a las denuncias realizadas por los socialistas, Isabel Bonig, entonces consellera de Medio Ambiente e Infraestructuras, acusó al actual presidente de la Generalitat de ‘hipocresía’ porque dijo: “en abril de 2012 Puig, como portavoz socialista en la comisión de Industria del Congreso, pidió explicaciones al Gobierno por paralizar el proyecto del almacén de gas, defendiendo entonces su puesta en marcha”.
La fiscalía inicia un proceso judicial
La Fiscalía de Castellón tomó cartas en el asunto cuando comenzaron los seísmos. A finales del pasado año se pronunciaba y acordaba denunciar ante el juzgado decano de Vinaros a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS, por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
La denuncia de la Fiscalía se dirigía también contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, que intervinieron en la época de Zapatero para la tramitación de la concesión de explotación del proyecto.
La denuncia fue aceptada y la instrucción adjudicada al juzgado nº 4 de Vinarós.
