La DGSP está procediendo contra los principios de la Ley General de Sanidad y con total opacidad al desmantelar un laboratorio de absoluta necesidad para la estructura de Salud Pública y para la población de Castellón
Castellón Información
Obviar el pasado es repetir errores ya cometidos. Hace más de un siglo que el laboratorio de Salud Pública de Castellón fue pionero en el análisis de alimentos. Así en 1917, mientras el laboratorio de Barcelona realizaba 538 determinaciones analíticas con 43 adulteraciones peligrosas detectadas, el de Castellón realizó 2149 no detectando ninguna. La vigilancia y el control alimentario forman parte de la protección de la salud, entre cuyos objetivos se encuentra reducir la probabilidad de que un peligro afecte a la población (Listeria, plomo, mercurio, etc.).
Actualmente nos encontramos con una realidad muy diferente. La DGSP con absoluta opacidad y sin informar a la Dirección del Centro de Salud Pública de Castellón ni al personal afectado, está procediendo a desmantelar este servicio centenario de Castellón. Castellón será la única provincia de la Comunitat que carecerá de un laboratorio cercano a las industrias y a la población donde realizar los análisis habituales de alimentos y aguas o que puedan precisar actuaciones rápidas (brotes, alertas, etc.). Además, conlleva la destrucción de la estructura prevista en leyes básicas como la Ley 14/1986 General de Sanidad o la Ley 33/2011 General de Salud Pública.
En los últimos 5 años, mientras se producían inversiones millonarias en costosos equipos para el laboratorio de Valencia y Alicante, no se invirtió en el laboratorio de Castellón ni siquiera en equipos necesarios para analizar las muestras programadas (equipo PCR). Tras el vaciamiento silencioso y mantenido durante años, tanto en inversión como en contenido, la justificación de su traslado a Valencia se basa en motivos económicos, propiciados por aquellos que fueron responsables de la falta de inversión y la desviación de contenidos. Posiblemente no cabe la casualidad en este devenir, sino la causalidad. Se trata de una estrategia frontalmente opuesta al principio de descentralización que la Ley General de Sanidad estableció hace más de 30 años.
El desmantelamiento escalonado del laboratorio de Castellón, evitando informar al personal afectado y a las Organizaciones Sindicales es una actuación de la más absoluta opacidad. La argucia desde la DGSP consiste en no reconocer este desmantelamiento, de forma que se evita la negociación colectiva, contraviniendo de plano derechos básicos de los trabajadores afectados. Tanto es así, que hasta la fecha ni siquiera se dispone de un documento firmado que reconozca la decisión política tomada. Esta actuación tan carente de transparencia dista mucho del discurso político actual.
La Sección Sindical de CCOO solicitó por escrito a la DGSP un estudio de rentabilidad de los laboratorios de Castellón y Valencia, convencidos de una menor rentabilidad del de Valencia dada la enorme inversión en el mismo. Asimismo, solicitó un estudio sobre el impacto en la modificación de los factores de salud pública, económicos, sociales y laborales ante un posible cierre del laboratorio de Castellón. Hasta la fecha la DGSP tiene una actitud diferente en función del escenario en el que se encuentre, bien se niega a realizar los estudios solicitados que justifiquen el cierre del laboratorio de Castellón, bien se compromete a realizarlos incumpliendo posteriormente su promesa.
Esta Sección Sindical denuncia la corriente centralizadora hacia Valencia de recursos y servicios de Salud Pública desarrollados históricamente en Castellón. Hecho que agrava la ya escasez de recursos destinados a la Salud Pública de nuestra provincia. Se pretende sustraer recursos de los Departamentos de Salud de Castellón para compensar los recursos que otros Departamentos precisan.
La población de Castellón requiere más recursos personales y materiales en Salud Pública, bajo ningún concepto merece que los riesgos para la salud aumenten en nuestra población por falta de unos recursos injustamente mal distribuidos o gestionados.
Una decisión política no puede obviar los principios de la Ley General de Sanidad, el principio de descentralización se basa en la experiencia de más de un siglo de vigilancia y control sanitario de alimentos y aguas. Una decisión política tampoco puede obviar la negociación colectiva y el desmantelamiento ha obviado este derecho laboral al evitar pasar por los Planes de empleo.
Con una deficiente Salud Pública la actividad asistencial jamás rendirá lo suficiente y los recursos necesarios se convertirán en infinitos. No olvidemos el pasado o repetiremos los errores y con ello retornarán graves riesgos ya vencidos.
