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viernes, 22 de noviembre de 2024 | Última actualización: 22:28

El Juzgado archiva definitivamente la causa contra Calatrava por el Centro de Convenciones

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El arquitecto ha lamentado el uso electoral de Izquierda Unida y dice que el trabajo del Centro de Convenciones sigue siendo válido para Castellón

El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, ha archivado definitivamente la causa abierta contra el arquitecto Santiago Calatrava, en torno a la investigación abierta por las presuntas irregularidades del Centro de Convenciones de Castellón. Calatrava fue imputado a consecuencia de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, que también se presentó como acusación particular. El juez declaró el sobreseimiento provisional en diciembre. Superado el plazo sin que se haya recurrido el sobreseimiento, la causa se archiva definitivamente. Calatrava ha lamentado el uso electoral realizado por Izquierda Unida, y dice que el trabajo del Centro de Convenciones sigue siendo válido.

Esperanza Molina/Castellón Información

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón ha archivado definitivamente la causa abierta contra Santiago Calatrava en la que se investigaba si se había producido alguna irregularidad en el proceso de elaboración del proyecto para la construcción de un Centro de Convenciones en Castellón. Así lo ha comunicado el despacho de Santiago Calatrava.

E mismo comunicado recuerda, que el pasado 15 de diciembre, el juez instructor dictó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Santiago Calatrava.

Tras desestimar el pasado 9 de febrero el recurso presentado por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), una reciente providencia del juzgado ha confirmado que ha vencido el plazo para recurrir la decisión del juez “sin que se haya interpuesto recurso por ninguna de las partes” por lo que la decisión del juez es firme y la causa ha quedado archivada, al considerar que los hechos señalados no podían ser constitutivos de delito “siquiera indiciariamente”.

Así mismo, el comunicado insiste en que el juez, en su auto del mes de diciembre, en el que dictó el archivo provisional de la causa, indicaba que no se apreciaba delito en la actuación de Santiago Calatrava y su Estudio de Arquitectura: “Este instructor ha podido comprobar de propia mano y previo examen de la totalidad de la documentación remitida por Santiago Calatrava y la mercantil Santiago Calatrava GMBH, que cumplieron no solamente con lo contratado, sino más allá de eso, con las sucesivas exigencias procedentes de la  Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV)”. Y concluye que Santiago Calatrava “no recibió, ni más ni menos, que las cantidades a las que tenía derecho, según contrato, por la prestación de sus servicios”.

La historia interminable del Centro de Convenciones

Toda esta historia estallaba como una bomba durante el mes de agosto del pasado año, pero los detalles se remontan a muchos años antes.

En agosto del pasado año, 2014, y a tenor de las denuncias que se habrían presentado sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno al proyecto del Centro de convenciones de Castellón, que no llegó a construirse, el juzgado de Castellón habría diligencias y llamaba a declarar como imputados a una serie de personas, entre las que figuraba el internacionalmente conocido, Santiago Calatrava.

En aquel momento, Calatrava no pasaba por sus mejores momentos. Tras defectos detectados en alguno de sus proyectos, Izquierda Unida lo atacaba directamente con la apertura de una página web, en la que cuestionaba al arquitecto y sus proyectos.

Denunciada la web por el arquitecto, la justicia dictaminó a su favor, pero de forma poco contundente. Analizaba semióticamente el nombre la web, pedía el cierre de la misma (por su nombre), e imponía una sanción económica a Izquierda Unida. En respuesta, Izquierda Unida cambió el nombre a la web, sin modificar ninguno de sus contenidos.

En este clima poco favorable, se realizaron también las denuncias sobre presuntas irregularidades en torno a la construcción de un macro proyecto en Castellón, promovido por La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). El centro de Convenciones no llegó a construirse, pero según denunciaba Izquierda Unida, el arquitecto si habría cobrado 2,7 millones de euros por su trabajo.

El Juzgado consideró que había indicios de irregularidades en la gestión del proyecto, abrió la instrucción y llamó a declarar a todas las partes.

El proyecto fantasma de la Sptvc

La Sptcv, era una sociedad dependiente de la Generalitat Valenciana, constituida en 1996 por Zaplana, como plataforma para promover diferentes actuaciones en las tres provincias, con una cierta autonomía de gestión.

En marzo del 2007, en pleno periodo electoral, la Sptcv apruebó y  propuso a Castellón la construcción de un edificio singular que, desde el punto de vista arquitectónico, se convirtiera en un elemento icónico que otorgara a la ciudad una repercusión internacional. Para ello, propuso la contratación de Santiago Calatrava.

El objetivo se basaba en la construcción de un macro proyecto singular, sobre suelo obtenido con el desarrollo urbanístico del PAI (Plan de Actuación Integral) Els Mestrets de Castellón.

Sobre esta base, se suscribió un protocolo de intenciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento; y la Sptcv encarga formalmente al arquitecto Santiago Calatrava la construcción del Centro de Convenciones, con el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, así como, posteriormente, la dirección de la obra.

El arquitecto, a su vez, incluyó sus condiciones: “La no obligación de inscripción del Registro General de la Seguridad social a sus trabajadores; el sometimiento a los tribunales españoles, y la no sujeción del Impuesto de Actividades Económicas”.  Posteriormente se acordarían las líneas del proyecto, contenido, y honorarios.

Según manifestaciones de Calatrava durante la instrucción, “para elaborar los diferentes proyectos se establecieron unos honorarios por la elaboración del Master Plan, el anteproyecto y el proyecto básico, de 2,7 millones de euros –que respondía al 4,5% de un “presupuesto orientativo”, que se estableció inicialmente en 60 millones de euros”. Adicionalmente, se estableció una retribución de un 4% del coste del proyecto como honorarios por el proyecto de ejecución y por la dirección de obras. Dado que el edificio no llegó a construirse, Calatrava no percibió esta última cantidad.

Hasta ahí coincidieron todas las partes en el proceso de instrucción… El edificio se construiría sobre una parcela de 16.000 metros cuadrados, con un coste de 60 millones de euros. El Ayuntamiento aportaría los terrenos y la Generalitat Valenciana pagaría los gastos de proyección y ejecución.

Pero la polémica se disparó cuando el arquitecto triplicó las dimensiones  y el importe final de la obra. Según Calatrava, fue como consecuencia de una llamada recibida del entonces presidente Francisco Camps. Según otras fuentes, el Ayuntamiento de Castellón habría manifestado la necesidad de ampliarlo, aunque no hay constancia de ello. En cualquier caso, todos afirmaron después, que no se le habría encargado tanto, no tan caro ni tan grande. Se hablaba ahora de una parcela de 50.000 metros cuadrados, y de un proyecto que casi triplicaba su coste inicial.

Pero se lo encargaran  o no, y fuera Francisco Camps quien le expresara o no este programa de necesidades, lo cierto, es que la maqueta se presentó en la subdelegación del Gobierno Valenciano y recibió todos los para bienes de todas las administraciones presentes: La Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación… En resumen, de acuerdo o no, todos ellos manifestaron tácitamente el conocimiento del proyecto, sus dimensiones, y no pusieron pegas.

Pero la Generalitat  comenzaba a tocar la crisis. El proyecto, ‘para quedar bien con Castellón’ costaba demasiado, y entonces comenzaron las conversaciones para pedirle al arquitecto que retomara el proyecto inicial, que redujera volumen y presupuesto.

Según se recoge del auto del juzgado del sobreseimiento  y de las declaraciones realizadas durante la instrucción, Calatrava no era contrario a realizar el proyecto por fases, o incluso modificar su contenido para adecuarlo a lo que le indicaban. El juez manifestaba en el mismo documento, no entender cómo, en aquel momento, la Generalitat no asumió lo que ya había comprometido.

Sin dinero, con un Plan General de Castellón anulado en el 2008 con cuestiones judiciales en torno al suelo donde debería construirse el Centro de Convenciones, surgieron las discrepancias y las acusaciones.

La  Sptcv acusaba al arquitecto de no haber cumplido con el encargo. Calatrava, por su parte, reclamó el cumplimiento del contrato y los pagos pactados. Y finalmente, y según se certificó durante la instrucción,  el entonces conseller Gerardo Camps autorizó el abono a Calatrava de la deuda pendiente para evitar demandas por parte del despacho de abogados del arquitecto. Esto sucedía a finales de marzo del 2011.

El Centro de Convenciones, con proyecto pagado, no llegaría a construirse. La Generalitat dio largas, no había dinero. El Ayuntamiento tampoco podía presionar; con una sentencia que tumbaba el Plan General, el Pai de Els Mestrets, de cuyo desarrollo se planificaba obtener los terrenos, también era recurrido, y las arcas municipales estaban vacías.

Uso electoral de Izquierda Unida

Una vez culminado todo este proceso y libre de toda sospecha, el gabinete del arquitecto manifiesta: “Este hecho confirma la utilización que EU y su portavoz han realizado del nombre de Calatrava y el de su Estudio con unos fines claramente electorales, lanzando acusaciones falsas sin fundamento, lo que ha provocado un enorme daño en la imagen de Calatrava. Hay que recordar que sobre este grupo político recae una condena judicial por haber atentado contra su honor, por la creación de una web con un dominio difamatorio”.

"El proyecto sigue siendo válido para Castellón"

Por último, señala el comunicado,  el arquitecto quiere destacar que en su Estudio trabajan duro muchas personas altamente cualificadas “que han visto como su actuación en este proyecto ha sido puesta en entredicho injustamente. Todo el trabajo que realizamos en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón es todavía válido y está ahí a disposición de la ciudad para que lo pueda  retomar, si lo considera oportuno, en un futuro”.