La confederación empresarial valenciana ha defendido "la necesidad de avanzar, en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica"
Castellón Información
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha asegurado que el Impuesto de Patrimonio "se trata de un impuesto desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo y confiscatorio en su efecto, puesto que la tarifa del impuesto puede llegar a ser superior a la rentabilidad del propio activo".
Navarro ha realizado estas declaraciones coincidiendo con la reunión que ha mantenido hoy el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa, con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.
Un encuentro en el que los representantes de la patronal a nivel nacional han presentado un escrito suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE, entre ellas la CEV, y avalado por la Junta Directiva de la Confederación.
En este sentido, Salvador Navarro, ha puesto de manifiesto que "la CEV defiende la necesidad de avanzar, en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómico, hacia un sistema fiscal más competitivo, capaz de atraer patrimonio, inversiones y talento humano; incentivar las inversiones en start-ups, en actividades socialmente responsables, en los ámbitos de la tecnología e I+D, y en aquellas inversiones que generen empleo".
Acuerdo de los órganos de gobierno
Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEV acordaron pedir al Defensor del Pueblo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio. Una medida que ya estaba recogida en el informe de la Confederación "Propuestas para una fiscalidad más competitiva", en el que se propone la eliminación de este impuesto para que el tributo nunca tenga el carácter de confiscatorio. La tarifa del impuesto en ocasiones es superior a la rentabilidad del propio activo –bien o derecho-, resultando el tributo confiscatorio y, por tanto, de dudosa constitucionalidad.
Por otra parte, desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos.
Con esta iniciativa, las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario.
