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Compromís en el Senado ha lamentado la 'opacidad' con la que actúa el Gobierno central ante el grave fiasco que ha supuesto el proyecto Castor, proyecto energético de almacenamiento de gas que generó medio millar de terremotos en las inmediaciones del Delta del Ebro.
Para el senador por Castelló, Jordi Navarrete, "que cuatro meses después tan sólo nos hayan facilitado unos informes técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente referidas a la Declaración de Impacto Ambiental y no la remisión del resultado de las auditorías de los costes de construcción y su efecto en la tarifa del gas, reclamadas por el sector energético, la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) a raíz de la extinción de la concesión del proyecto Castor y sus posteriores efectos, deja a entrever que o bien existen irregularidades o que tales documentos no existen". El Gobierno tenía como fecha límite para facilitar los documentos a Compromís el pasado 7 de octubre.
"Sería", en opinión de Compromís "una constatación más de que el proyecto se tramitó de forma imprudente, tanto en lo que respecta a los requisitos medioambientales, en su autorización y, lo que nos parece más grave en un contexto de crisis como la actual, de posible mal uso del dinero público, que se acabó pagando con una diligencia ejemplar a pesar de que entidades del sector energético alertaron que determinadas inversiones no tuvieron un proceso de contratación público con las garantías de libre concurrencia, precio, igualdad y mejor oferta, por lo que la valoración de las indemnizaciones pudo no ser justa", señala. El propio Defensor del Pueblo ya manifestó sus dudas por la posible falta de diligencia en el pago a la concesionaria tras la renuncia a unas instalaciones que había construido y sin que se hubiera constatado todavía que la planta es operativa.
En ese contexto, la Dirección General de Política Energética y Minas emitió un informe "alarmante", que constataba la "ligereza" y "falta de diligencia" al realizar el pago a la empresa promotora Escal UGS, sin que se hubieran depurado las eventuales responsabilidades en las que pudiese haber incurrido. "Nadie nos ha explicado cómo se decidió el pago de la inversión, si procedía o no la indemnización, si la planta era operativa o si hubo alguna clase de negligencia en este nefasto episodio para nuestras comarcas del norte de Castelló y sur de Tarragona y no parece que lo quieran hacer", ha agregado Navarrete.
La coalición, a través de sus senadores Jordi Navarrete y Carles Mulet, han trasladado decenas de iniciativas ante este caso "que demuestra que PSOE y PP han tenido una actitud condescendiente con la empresa y el dinero público. Siempre de forma presunta pero rodeada de irregularidades y falta de transparencia". A estas alturas del año sigue sin conocerse el informe del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) encargado por el Gobierno a pesar de ya disponer dos informes de organismos análogos españoles como el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero que dejaron claro que los trabajos de almacenamiento activaron la falla, generaron sismicidad y eran peligrosos.
"Ante el silencio del Gobierno del PP sobre su pasado, presente y futuro, vamos a reclamar nuevos documentos, el informe de Enagás sobre el estado de las instalaciones recibidas y reiteraremos estos documentos, ya que quien oculta, algo esconde", ha concluido.
