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El diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldovi Roda, presentó en junio una pregunta escrita al Gobierno, sobre las dos desaladoras construidas en las comarcas de Castellón por la sociedad pública Acuamed, que han sido respondidas ahora.
Baldoví, en su pregunta se hacia eco de como Acuamed había confirmado en aquella fecha, declaraciones públicas que las obras de las desalinizadoras de Moncofa y Orpesa-Cabanes en la provincia de Castelló, que las mismas ya se han dado por concluidas y ambas plantas están ya preparadas para abastecer de agua.
Por todo ello, preguntó cuál es el precio final por metro cúbico para las desaladoras de Moncofa y Orpesa-Cabanes, si se tenían ya claras las cantidades que se tendrán que abonar por parte de los ayuntamientos de afecados para amortizar la construcción de las desaladoras, y si teniendo en cuenta que si no se pusieran en funcionamiento dentro del presente año, el Gobierno perdería 35,1 millones de euros de la Unión Europea (17,2 millones por la de Orpesa y 17,9 por la de Moncofa: ¿cuál es la fecha para ponerlas en marcha?
La respuesta que da ahora el Gobierno, es que el precio final del agua se calculará en función de los costes de producción y amortización de las plantas, y por ese motivo en los convenios firmados no se incluyen los precios finales, sino solo la metodología para calcular las tarifas.
Y reconoce que se tendrá que abonar, por lo tanto, además del gasto de funcionamiento la amortización de la construcción de las desaladoras descontando las ayudas europeas. Respecto a los Fondo Europeos, se explica que la fecha límite para la elegibilidad del gasto (aquellos necesarios para la ejecución del proyecto) es el 31 de diciembre de 2015, y explica que en el calendario de ejecución está previsto que ambas desaladoras, lo que corrobora que en caso de no entrar en funcionamiento a finales de 2015, se tendría que devolver a Europa estas ayudas.
Así, de nuevo la amenaza de la desaladora pende sobre los municipios afectados; donde, por una parte, si se inicia su explotación a pesar de no existir demanda se empezaría a cobrar una tasa astronómica a los municipios (sin demanda, al estar este proyecto vinculado a las grandes actuaciones urbanísticas que no se han materializado ni se prevé reemprenderlas ni a corto ni medio plazo, como los PAIS de Moncofa, o el megraproyecto Marina d’Or Golf en Cabanes y Orpesa), y en caso de que esta no se ponga en marcha, seria el Estado quien tendría que devolver los multimillonarios fondos europeos que se emplearon para su construcción.
Desde Compromís en Orpesa y Cabanes se advierte que la dejadez de las administraciones implicadas en buscar una solución sensata se puede entender una táctica para dejar una herencia envenenada a futuros gobiernos de cambio que pueden producirse después del próximo mayo, y que la excusa del horizonte de finales de 2015 no era la prevista en su gestación, sino como mucho 2013.
