Castellón Información
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han reclamado hoy que los informes técnicos encargados al Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM) para analizar el complejo fenómeno de la sismicidad en el entorno de la planta "no demoren más el desmantelamiento del proyecto Castor" que en la actualidad se halla en hibernación. La coalición ha recordado que "si bien con la paralización de la actividad han desaparecido los temblores y la movilización ciudadana hostil hacia este almacén de gas, sería intolerable ahora una nueva prórroga en la publicación de este informe, totalmente prescindible, que se contrató tras dos informes de organismos oficiales del Estado que señalaban inequívocamente a la inyección de gas como el causante de la activación de la falla y los terremotos que se vivieron al sur del delta del Ebro". El informe del ITM debería haberse hecho público antes de 2017 y un nuevo plazo, que tampoco lo dan por definitivo, señala que verá la luz en verano "previsiblemente".
Por otro lado los senadores han constatado, tras la lectura de varias respuestas del Gobierno a preguntas de septiembre de 2016, que la información que facilitan vuelve a ser incompleta e imprecisa y parece facilitada para dar tiempo a que se completen informes que despejen dudas sobre si existió alguna responsabilidad o negligencia en la actuación de los gestores de PP y PSOE ante este proyecto promovido por Escal UGS y comprobar si su construcción, mantenimiento, utilización y verificación de la seguridad fue la correcta.
"Todo esto nos da muy mala espina, por lo que hemos solicitado informes de los conceptos detectados por la Comisión Nacional de la Energía no contratados bajo fórmulas concurrenciales de un proyecto que infló su coste sobremanera, y de cualesquiera otros contratados por la Dirección General de Política Energética y Minas, que constaten si las decisiones técnicas que se tomaron fueron las adecuadas y si se pagó el valor de mercado por estas instalaciones que acabaron costando 1.461,4 millones de euros", ha señalado Compromís en un comunicado.
"Confiemos en que el Gobierno deje de comportarse como defensor de las concesionarias y lo haga de los ciudadanos, de los intereses de todos y dé órdenes inmediatas de desmantelar una planta que ha generado sismicidad de una forma clara en el sur de Tarragona y norte de Castelló", han agregado los senadores de Compromís.
