Los representantes autonómicos y municipales de la formación han destapado que la Conselleria de Educación fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant “que ahora quiere echar atrás”
La rebelión en las aulas continúa. El diputado por Castelló de Compromís en les Corts, Vicent Marzà, junto con el portavoz de Educación de la coalición, Gerard Fullana, la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, y el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, han desvelado nuevos documentos que “evidencian las mentiras” de la Generalitat tras conocerse la revocación del Pla Edificant por parte de esta.
Un programa que preveía tres nuevas infraestructuras educativas en la provincia de Castellón y con la que el anterior equipo de gobierno ejecutó 102 millones de euros para realizar 22 construcciones y reformas integrales y 42 reformas parciales, lo que se traduce en 64 actuaciones.
La formación naranja ha destapado que la Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, fiscalizó las aportaciones económicas para la construcción de la Escoleta Pequelar de Betxí y los institutos de Borriol y Benicarló “que ahora quiere echar atrás”. Unos documentos que atestiguan que el gobierno de Mazón dio luz verde para aportar los fondos económicos necesarios para iniciar los tres proyectos.
“Esto es un indicativo muy significativo de la improvisación caótica del departamento que dirige el conseller Rovira. Mientras por un lado dio luz verde efectiva a los Edificant, por el otro dice que no es de interés público y no los quiere construir”, ha destacado Gerard Fullana, quien ha mostrado los documentos que corroboran “las contradicciones administrativas que rayan la ilegalidad de lo que está haciendo el conseller Rovira”.
Se trata de las certificaciones que demuestran que Intervención de la Generalitat fiscalizó y dio luz verde a la aportación de los fondos económicos necesarios para la construcción de los tres centros educativos anteriormente mencionados.
“Esto significa que Intervención de la Generalitat consideró correcta la necesidad de construir esos centros por Edificant y que no encontró ninguna incompatibilidad a que se lleven a cabo esas obras. Los documentos están firmados en fecha de 29 de septiembre de 2023, cuando el gobierno de Mazón ya llevaba tres meses gobernando”.
Es por ello que ha pedido la dimisión del director general de Infraestructuras Educativas y ha desvelado que la Generalitat “recorta 6 millones de euros” en educación pública “cada mes”. Una cifra “que no tiene precedentes en la democracia”.
Por su parte, el síndico adjunto y diputado por Castellón, Vicent Marzà, ha explicado que “hay todavía más contradicciones y Benicarló es un caso paradigmático”. Y es que según ha apuntado, el 29 de febrero, el pleno municipal votó por unanimidad a favor de las alegaciones que presentó el Ayuntamiento dirigido por el PP instando a que se construya el IES Ramon Cid por la vía rápida, es decir, por Edificant. “No se fían ni de los suyos”, ha subrayado.
Se trata de unas obras presupuestadas en alrededor de 20 millones de euros “que cuando gobernaba Compromís estaban asegurados”, han insistido Marzà, quien ha avanzado que “quieren revocar también el del instituto-escuela de Albocàsser”.
Movilizaciones en los centros educativos
Toda esta situación ha provocado movilizaciones en las poblaciones afectadas. Las comunidades educativas salieron a la calle el pasado 20 de febrero para reivindicar la construcción de sus centros.
Al respecto, la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha querido hacer pública “la presión a la cual nos sometió el conseller de Educación, que envió a la inspección educativa al consejo escolar municipal de nuestro pueblo para prohibir cualquier tipo de manifestación de la Escoleta Pequelar”. En esta línea hay que recordar que “no existe ninguna normativa concreta que impida en la comunidad educativa del centro la libertad de expresión ante injusticias tan grandes”, han asegurado.
Por su parte, el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, ha destacado que “desde que el conseller Rovira nos comunicó que se oponía a que impulsáramos el Edificant para construir el IES Borriol por cerca de 11 millones de euros, porque no lo considera de interés público, se han sucedido toda una serie de hechos que son contradictorios y apuntan a un caos interno en la misma Conselleria”.
“Juristas y funcionarios de los tres ayuntamientos contradicen en las alegaciones de los tres municipios los principales argumentos de PP y VOX para suprimir las inversiones educativas a los tres municipios”, han avanzado.
Las comunidades educativas de las localidades afectados participarán en una nueva concentración organizada para el 26 de marzo, a las 18.30 horas en la puerta del Palau de la Generalitat.
