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El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, anunció que el próximo mes, tan pronto se conformen de nuevo las cámaras presentará un pliego de preguntas y mociones de cara a modificar normativas como la actual Ley de Minas, que data de 1973, para adecuarlas a la realidad autonómica vigente, a las competencias en materia de protección de medio ambiente y las figuras de parajes naturales protegidos y su normativa específica.
Según Mulet “no tiene sentido que en un campo de clara evolución normativa y aumento de la sensibilidad mediambiental, no se revise una ley con más de 40 años para mejorarla en lo que respecta a la protección de un bien superior a los beneficiós privados de una mina, como es el derecho a un medio ambiente adecuado y a un entorno saludable y seguro”. Así, debe regularse de forma tajante para permitir la acción de los órganos locales y autonómicos para que la única voz no sea la del Ministerio de Industria que, a menudo, opera con criterios lejanos y poco conocedores de una realidad y afecciones que sí conocen agricultores afectados por actividades mineras como en Cabanes-Torreblanca, agentes medioambientales o monitores de los parques naturales.
El senador de Compromís ha anunciado además que, en el caso del Prat de Cabanes-Torreblanca, reclamará que el Ministerio de Medio Ambiente reconstruya el cordón litoral desaparecido por los temporales y regresión de manera que se frene la intrusión y salinización del espacio protegido. Para Mulet “el Prat tiene un grave problema ambiental que ha llevado incluso al abandono de la actividad agrícola por el tráfico de camiones, por el polvo en los cultivos y unas extracciones de turba realizadas con criterios muy discutibles en el entorno inmediato de un parque natural que contiene hábitats prioritarios”. Dolores Torreblanca, edil de Medio Ambiente de Cabanes, ha anunciado la intención del Consistorio de revisar la situación de la mina de turba y el cumplimiento de la legislación vigente, por lo que van a solicitar los informes realizados por el Ministerio de Industria que constaten el correcto cumplimiento de los condicionales medioambientales o a pedir la suspensión de las autorizaciones. “Nos preocupa que se continúe afectando al Prat, por lo que, con la ley en la mano vamos a mirar que se puede hacer para garantizar la sostenibilidad medioambiental y agrícola en la zona”, ha señalado la edil Dolores Torreblanca.
