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domingo, 24 de noviembre de 2024 | Última actualización: 14:11

Compromís reitera su reclamación para que la diputada Nieves Martínez comparezca para dar explicaciones sobre el Provincial

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El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha insistido en su petición de comparecencia de la diputada Nieves Martínez como responsable política del Consorcio Hospitalario Provincial para que dé cuenta de la auditoría del año 2015 que la Generalitat valenciana encargó a la empresa Iberaudit Kreston y en la que se recogen diversas irregularidades. El portavoz de la coalición en la institución provincial, Xavier Trenco, ha manifestado que la respuesta del PP ha sido que no tienen constancia de ninguna auditoría. “Me sorprende que no conozcan ese informe cuando es un documento público. Además, tendría que ser una obligación de la diputada conocer los asuntos de su competencia”, ha destacado Trenco.

El diputado de Compromís también ha detallado que, en respuesta a una pregunta suya en la comisión, “el PP se ha comprometido a que podamos hacer reuniones y encuentros en el Provincial para que se nos informe de todos los asuntos relativos a la marcha del centro. Esto no sería necesario si el PP no nos hubiera apartado del Consejo de Gobierno, donde sí que teníamos representación en la anterior legislatura”. “O sea, ahora nos dicen que la oposición podrá reunirse con la gerencia del centro sanitario para tener información de primera mano. Si no nos hubieran quitado del Consejo de Gobierno la tendríamos siempre", ha dicho Trenco.

“Pero todo esto, que nos parece bien, no es obstáculo para que la diputada, diputada provincial, recordémoslo, dé explicaciones en la sede que corresponde, en este caso, la Diputación”, ha insistido Trenco.

Cabe recordar que en la citada auditoría se recogían irregularidades como el pago de retribuciones al personal que no están registrados como gasto en contabilidad financiera ni imputados en el presupuesto; también en el cálculo de la indemnización del anterior director gerente, al que se le adeudan más de 10.000 euros por no haber seguido el procedimiento establecido para su despido; o las 120 contrataciones que se hicieron sin la preceptiva autorización previa de la Conselleria y sin convocatoria pública.

El informe recoge, asimismo, irregularidades como el incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión el servicio de cafetería, fraccionamientos indebidos en los pagos y facturas pendientes.